El Impuesto sobre el Patrimonio, un recurso necesario para la Hacienda de las Comunidades Autónomas


1. INTRODUCCIÓN.

La imposición patrimonial ha sido objeto de fuertes críticas por alguna doctrina; según estos autores, se trata de una modalidad de gravamen que sujeta doblemente una única capacidad económica, la renta, pues cuando se obtiene, aquélla es gravada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF) y, posteriormente, la porción que corresponde de esa renta al ahorro, estaría sujeta por los impuestos sobre el capital, en especial, el Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante, IP), caracterizado como un tributo directo y periódico, anual, sobre el valor del patrimonio neto de las personas (físicas, en el caso español).

Billetes euros 1 (L)La endeblez de la crítica anterior es aplastante, de no ser por la repetición de la misma y por la cualificación de sus voceros (lógicamente, bien retribuidos), ya que idéntico argumento serviría para negar la fiscalidad sobre el consumo, empezando por el IVA, ya que  también el consumo es una porción de la renta gastada. Al fin y al cabo, la renta de un individuo o bien se gasta o bien se ahorra.

En cualquier caso, desde nuestra perspectiva constitucional y, conforme a nuestro concepto de impuesto, artículo 2.2, c) de la norma básica de nuestro Ordenamiento Financiero, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT), “…los impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.”.

El capital, la riqueza, es una clara manifestación de capacidad económica, independiente de la renta (¿no hablamos muchas veces de la relevancia del “estatus” social, de los signos externos de riqueza?) y, por ello, ha de gravarse de forma independiente a la variable-flujo, renta, sea de forma periódica, sea de manera instantánea, como sucede, por ejemplo, en supuestos de herencia o donación.

En realidad, la lucha contra el IP ha sido constante en la historia de España, baste con señalar que, con motivo de la gran Reforma Fiscal de 1978, al implantarse, tuvo que calificarse como “Impuesto Extraordinario” y que desde su nacimiento sufrió los embates de grupos de presión e intereses económicos, los cuales, en 1994, lograron el gran éxito de excluir de su ámbito de aplicación gran parte de la riqueza del país, bajo el eufemismo, perfectamente elaborado, de la “empresa familiar” y la exención correspondiente para unos patrimonios muy elevados.

Lo verdaderamente sorprendente (o, mejor dicho, lo significativo, al manifestar tales hechos la realidad del poder tributario) del asunto es que, cedida su recaudación a las Comunidades Autónomas desde 1981 y necesitando estas últimas de un ingreso cierto, estable, con capacidad de cierre y control del IRPF (una de sus virtudes) y con una recaudación que, al someter una variable-stock como es el patrimonio neto de las personas físicas, dispone de una estabilidad muy apreciable y es segura; las CCAA ni le prestaran atención, ni destacaran por una gestión e inspección activa de sus parámetros, convirtiendo al IP en un tributo marginal en la estructura presupuestaria de estas CCAA.

En esta atmósfera de desinterés, de Política Fiscal coyunturalista y, como han demostrado los hechos posteriores, suicida, donde las bases tributarias seguían el ciclo de la actividad de la construcción, no es de extrañar el éxito político de la medida adoptada por la Ley 4/2008, es decir, suprimir el IP, medida absurda y contraproducente, al producirse en un ejercicio donde la crisis económica se presentaba ya en toda su amplitud y donde, además, los déficits públicos, en particular, de las propias CCAA, no hacían sino crecer.

No podemos olvidar que la misma suerte, su práctica supresión, ha corrido la otra exacción clásica sobre el capital: el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, demagógicamente bautizado como “death tax”, impuesto sobre la muerte.

Sólo que, con la llegada de la crisis sistémica y su persistencia, las arcas de las CCAA empezaron a desnutrirse, el tributo central del sistema de ingresos de las CCAA como era el arcaico, disparatado y complejo (¿alguien sabe lo qué significa el “valor real”, concepto básico de sus base imponible?) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (del que se duda todo, desde si es un impuesto único, tres modalidades de gravamen o tres tributos diferentes), perdió recaudación, a medida que la actividad inmobiliaria, la “burbuja”, se desinflaba e, inmediatamente, surgió la necesidad de recuperar las denostadas figuras de la imposición patrimonial, tanto el IP como la fiscalidad sobre las transmisiones gratuitas, “inter vivos” y “mortis causa”.

2. EL RETORNO DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.

Recuperado el IP, bajo el eufemismo de la “provisionalidad”, primero para los ejercicios 2011 y 2012 y, seguidamente, para el presente año, resulta que, lentamente, en 2013, el IP ha retornado a ser un gravamen existente en todas las CCAA, salvo en la de Madrid, en este caso, por razones puramente ideológicas, al igual que esta CCAA, la que sigue manteniendo una competencia fiscal “dañina” en materia de tributación sucesoria y donaciones.

Ha vuelto, además, y lo ha hecho con fuerza, pues muchas CCAA han aprovechado sus nuevas competencias en la materia, para modificar las tarifas e incrementar la carga tributaria. En este sentido, y como ejemplo paradigmático de tales tendencias, puede verse el Decreto-ley 7/2012, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia fiscal que afectan al impuesto sobre el patrimonio, de la Generalidad de Cataluña, publicado en el “Boletín Oficial del Estado” del día 26 de febrero de 2013; donde se incrementa la tarifa del gravamen.

Sin embargo, no olvidemos que el principio impositivo fundamental que ha sustentado el retorno del IP, ha sido el de suficiencia, cuando toda la doctrina y la práctica internacional reconocen que los gravámenes patrimoniales no pueden suponer una gran recaudación directa, sino que las razones para implementarlos, se sitúan en los terrenos de la equidad vertical (la distribución de la riqueza es todavía peor que la correspondiente a la renta), el control de las rentas (en particular, para contrastar las rentas declaradas con la afloración posterior de bienes y derechos que no se corresponden con tal declaración, la figura de las “ganancias patrimoniales no justificadas”), la información (¿hubiéramos necesitado una declaración de bienes y derechos en el extranjero específica, el novedoso modelo 720, si dispusiéramos de una adecuada identificación de tales elementos patrimoniales en un tributo que recae sobre el patrimonio mundial de la persona física?) y la obtención de información tributaria.

Por ello, esa “provisionalidad” del IP, a la que nos hemos referido anteriormente, no hace sido reducir su eficacia y augura un nuevo interés generalizado de las CCAA y del propio Estado Central por el control y la aplicación de este tributo.

Claros ejemplos de esta ineficiencia son, por un lado, el hecho de la pobre información estadística que poseemos de este gravamen; así, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha dejado de publicar las Estadísticas correspondiente al mismo, siendo el último ejercicio del cual se dispone de una información nacional el correspondiente a 2007 (ver www.agenciatributaria.es > Estadísticas Tributarias > Publicaciones > Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio) y para conocer la incidencia del IP, tendríamos que ir a cada CCAA.

Asimismo, la normativa que lo regula, además de la complejidad e inseguridad jurídica  que conllevan la diversidad de textos de las CCAA, se encuentra, en lo esencial, obsoleta, pues el texto básico sigue siendo la Ley 19/1991, de 6 de junio, anticuada en aspectos esenciales a un tributo de esta naturaleza, por ejemplo, la valoración.

Y, sin embargo, su carácter anti cíclico, su progresividad, los datos que se obtienen del mismo, su función de “cierre” del IRPF, no hacen sino avalar la necesidad, urgencia y conveniencia de un moderno Impuesto sobre el Patrimonio en España, por mucho que los pendolistas pagados y los intereses económicos procuren su olvido y marginación.

Domingo Carbajo Vasco.

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Acerca de Domingo Carbajo Vasco

Domingo Carbajo Vasco es Inspector de Hacienda del Estado, Economista, Abogado y Profesor en diferentes instituciones y escuelas. Posee experiencia internacional, en asuntos europeos, Twinnings y otras materias de consultoría fiscal y financiera.
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