La actualización de balances. Una oportunidad de revalorizar los activos empresariales a un coste razonable


La Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) ha establecido la posibilidad de que las entidades actualicen el valor de parte de sus activos con un coste fiscal limitado. Esta actualización de balances es voluntaria y deberá reflejarse en los estados financieros de las sociedades que lo apliquen.

Balance 2 (L)¿Quiénes pueden aplicar esta medida?

Podrán acogerse de forma voluntaria a la actualización de balances los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente en España.

¿Qué elementos serán objeto de actualización?

En caso de que el contribuyente decida actualizar su balance, serán objeto de actualización los elementos del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias situadas tanto en España como en el extranjero, siempre que no se encuentren totalmente amortizados.

Aunque en principio la actualización se referirá necesariamente a todos los elementos susceptibles de la misma y a sus correspondientes amortizaciones, como excepción a la obligación general anterior en el caso de los inmuebles se podrá optar por su actualización de forma independiente para cada uno de ellos, es decir unos podrán ser actualizados y otros no.

Momento al que se refiere la actualización

La actualización de valores se practicará respecto de los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias que figuren en el primer balance cerrado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de acompañamiento. La citada Ley entró en vigor el día de su publicación en el BOE (28 de diciembre de 2012). Esto significa que para los obligados tributarios cuyo período impositivo coincida con el año natural, la fecha de referencia de la actualización será el 31 de diciembre de 2012.

En caso de contribuyentes del IRPF, la actualización procederá respecto de los elementos que estén sus libros registros a dicha fecha.

El importe de las revalorizaciones contables que resulten de las operaciones de actualización se llevará a la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre». Esta reserva de revalorización formará parte de los fondos propios de la entidad. Tratándose de contribuyentes del IRPF que estén obligados a llevar los libros registros de su actividad económica, el importe de la revalorización contable deberá reflejarse en el libro registro de bienes de inversión.

Cuantificación de la actualización: valores y reserva de actualización

Las operaciones de actualización se practicarán aplicando a los activos actualizados, sus eventuales mejoras y las correspondientes amortizaciones los coeficientes anuales recogidos en la Ley de Acompañamiento.

La diferencia entre el valor de adquisición más las mejoras actualizados y las amortizaciones actualizadas se minorará en el importe del valor neto anterior del elemento patrimonial. A este se aplicará, cuando proceda, un coeficiente que viene determinado en la Ley de Acompañamiento.

El nuevo valor actualizado no podrá exceder del valor de mercado de los elementos patrimoniales actualizados.

En relación con las amortizaciones, la Ley de acompañamiento indica que el incremento neto de valor resultante de las operaciones de actualización se amortizará a partir del primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2015.

Determinación del gravamen único

Los contribuyentes que practiquen la actualización deberán satisfacer un gravamen único del 5 por ciento sobre el saldo acreedor de la cuenta “reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre”.

Tratándose de contribuyentes del IRPF que estuvieran obligados a llevar libros registros de su actividad económica, el gravamen único recaerá sobre el incremento neto de valor de los elementos patrimoniales actualizados.

El gravamen único será exigible el día que se presente la declaración relativa al período impositivo al que corresponda el balance en el que constan las operaciones de actualización.

Esto supone que un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades que tenga período impositivo coincidente con el año natural presentará su declaración del Impuesto sobre Sociedades entre el 1 y el 25 de julio de 2013, por lo que el día en que presente esta declaración el gravamen único será exigible y el contribuyente deberá también presentar la declaración relativa al gravamen derivado de la actualización. En caso de contribuyentes del IRPF el gravamen único será exigible el día que se presente la declaración correspondiente al período impositivo de 2012.

La presentación de la declaración fuera de plazo será causa invalidante de las operaciones de actualización. Esto es, no cabe la posibilidad de presentar una declaración fuera de plazo, puesto que la misma no tendrá efecto alguno.

El importe del gravamen único no tendrá la consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades, del IRPF, ni del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Su importe se cargará en la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre», y no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible de los indicados impuestos.

Conclusión

El proceso de actualización de balances que se encuentra actualmente en marcha permitirá a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, IRPF e Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente en España revalorizar sus activos con un coste limitado (el 5 por ciento del saldo de la revalorización efectuada), lo que en la práctica representa una ventana de oportunidad de cara a poder obtener un interesante retorno fiscal a partir del año 2015 a través del incremento de las amortizaciones vinculadas a la revalorización efectuada.

La decisión de optar o no por aplicar dicha actualización de balances dependerá fundamentalmente de las previsiones de beneficios y de la estimación de la carga impositiva futura que tenga cada contribuyente, toda vez que el gravamen del 5 por ciento deberá compararse con el ahorro fiscal futuro que pueda conseguirse en cada caso.

Miguel Rodríguez de Cepeda.

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Acerca de Miguel Rodriguez de Cepeda

Miguel Rodríguez de Cepeda es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad de Sevilla y Master en Asesoría Fiscal por el Instituto de Estudios Cajasol. Asesor Fiscal – Asociado Senior de LANDWELL-PricewaterhouseCoopers, Abogados y Asesores Fiscales, en la oficina de Sevilla.
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