¡Al fin! La Audiencia Nacional se pronuncia sobre los gastos financieros


La sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de febrero de 2013 se ha pronunciado, por vez primera en el contexto de una regularización tributaria canalizada a través del expediente de fraude a la ley tributaria o conflicto en la aplicación de la norma tributaria, sobre la deducción en el Impuesto sobre Sociedades de los intereses derivados de los préstamos tomados por una entidad residente en España, perteneciente a un grupo multinacional, para adquirir acciones representativas del capital social de una o varias entidades pertenecientes al mismo grupo, habiendo sido concedidos los préstamos por otra u otras entidades del propio grupo.

Jurisprudencia 3 (L)La sentencia, de carácter desestimatorio, confirma sin fisuras la tesis de la Administración tributaria, la cual había considerado, como se ha indicado, que la operación incurría en fraude a la ley tributaria. En la argumentación jurídica que despliega la sentencia incluso se deslizan párrafos que, en esencia, reproducen los empleados en el acto administrativo declarativo del fraude a la ley tributaria.

Así, mediante una visión holística de todas esas operaciones la sentencia llega a la conclusión de que las mismas no tienen ningún sentido económico o empresarial sustancial para el grupo fuera de las ventajas fiscales que se cuestionan, ni suponen ninguna nueva inversión real ni la ampliación a nuevos mercados, sino que se trata de transmisiones de participaciones de empresas del grupo realizadas entre empresas del grupo y con financiación de empresas del grupo, un simple intercambio de participaciones dentro del Grupo, que sólo significa un cambio formal en la titularidad de las mismas, sin modificación en la situación de dominio, careciendo de una motivación económica distinta de la fiscal.

En ese párrafo se puede resumir toda la sentencia. Hay una motivación fiscal, se alcanza una ventaja fiscal (la deducción de intereses) sin  que se advierta una motivación económica válida. Por tanto, se entiende que la entidad no ha tributado por el beneficio o renta realmente obtenida, y de ahí que repute defraudado el artículo 4 del TRLIS, que tipifica como hecho imponible la obtención de renta.

Por lo demás, la sentencia rechaza los argumentos de la entidad recurrente relativos a la infracción de convenios bilaterales y del ordenamiento comunitario.

Es seguro que esta sentencia no ha de pasar desapercibida para la doctrina, tanto española como extranjera, pues aborda una de las cuestiones más conflictivas de la fiscalidad de los grupos multinacionales, a saber, la deducción de los gastos financieros, en particular los de carácter interno.

Más allá del análisis estrictamente jurídico, la sentencia levanta un conjunto de inquietudes de distinta índole, que pueden resumirse en un conjunto de preguntas: ¿Es rechazable toda operación que persiga una ventaja fiscal al margen de cualquier motivación económica, o solamente lo es aquella que persiga una ventaja fiscal ilegítima? ¿Hubiera sido combatida por la Administración tributaria la operación caso de ser financiada por una entidad de crédito ajena al grupo multinacional? ¿Lo hubiera sido si las acciones adquiridas lo fueran de una entidad que anteriormente no pertenecía al grupo multinacional? ¿Hasta qué punto inhabilita esta sentencia el régimen de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros? ¿Existe relación entre la argumentación de la sentencia y el nuevo artículo 14.1. h del TRLIS introducido por el Real Decreto-Ley 12/2012?

Por lo que se refiere a la primera pregunta cabe entender que en la medida en que la sentencia admite, como no podía ser de otra manera, la denominada economía de opción, parece que no deben ser tachadas como irregulares los actos o negocios realizados para acomodarse a la misma, en el bien entendido que la ventaja fiscal perseguida ha de ser justamente aquella que está directamente contemplada por la norma para tales actos o negocios (STS de 30 de mayo de 2011), lo que, bien se comprende, supone una concepción restringida del ámbito de la economía de opción.

En lo que concierne a las preguntas segunda y tercera no parece que la respuesta pueda ser concluyente, por cuanto el efecto práctico de las operaciones que se contemplan son muy semejantes a los que se derivan de la operación que ha sido considerada fraudulenta por la sentencia de la Audiencia Nacional, pero no así su contextura. En efecto, la presencia de una financiación externa y, sobre todo, la de una adquisición de nuevas participaciones, son elementos diferenciadores de relieve.

La viabilidad de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros no queda, en un plano teórico, afectada por la sentencia. Simplemente, ese régimen fiscal, diseñado originalmente para albergar la adquisición y tenencia de participaciones significativas sobre entidades no residentes en territorio español, no podrá ser utilizado respecto de participaciones incursas en el supuesto de hecho de la operación reputada fraudulenta, pero en un plano práctico los operadores fiscales tal vez puedan experimentar incertidumbre en la delimitación de la zona de ilegitimidad y ello podría incitarles a utilizar otras estructuras fiscales más confortables, como las que vienen ofreciendo países tales como Holanda, Hungría y Austria.

Finalmente, respecto de la relación con el nuevo artículo 14.1.h del TRLIS, es evidente que el supuesto de hecho que en el mismo se tipifica como determinante de la no deducción de intereses coincide plenamente con el que ha sido objeto de la controversia judicial. En este sentido, es útil destacar que la sentencia no ha hecho la más leve referencia a dicho precepto, frustrando así las esperanzas de quienes vieron en el mismo un argumento para sostener un previo vacío normativo que, en ningún caso, podría ser colmado por un eventual razonamiento basado en la analogía.

Eduardo Sanz Gadea.

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Acerca de Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.
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