La deducibilidad fiscal en el Impuesto sobre Sociedades de los sueldos abonados a los administradores de sociedades


El pasado 25 de abril de 2012 la Dirección General de Tributos (en adelante, DGT) ha emitido una impactante consulta vinculante (Consulta V0879-12) en la que examina la cuestión planteada por una sociedad mercantil que abona una retribución mensual a su administrador.

La cuestión es que los Estatutos de la sociedad consultante, tal como ocurre en muchas entidades de este país, señalan que el cargo de administrador es gratuito. Se trata de un supuesto habitual en el que el socio mayoritario de la empresa es, a la vez, administrador único y director general de la misma.

En cumplimiento de la legislación laboral esta persona se encuentra dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (R.E.T.A.) y, con estos antecedentes, la sociedad consultante pregunta expresamente a la DGT si el gasto correspondiente a la retribución pactada con el administrador por las labores de gerencia que realiza para la entidad tendría la consideración de gasto deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

Para abordar esta cuestión la DGT se remite en primer lugar a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo recogida en su Sentencia de 13 de noviembre de 2008 (Recursos de Casación 2578/2004 y 3991/2004), acerca de la posibilidad de compatibilizar la condición de miembro de los órganos de administración de una sociedad y la de personal de alta dirección sometido al Derecho laboral, en la que se declara que los órganos de administración de las compañías mercantiles, cualquiera que sea la forma que revistan, tienen como función esencial y característica las actividades de dirección, gestión, administración y representación de la sociedad, por lo que se aprecia un punto de coincidencia en la delimitación de las actividades de los administradores y del personal de alta dirección, pues en ambos casos se concreta en el ejercicio de poderes correspondientes a la titularidad de la empresa. No obstante, en el supuesto de doble actividad, cuando los consejeros asumen las funciones de administrador gerente, considera el Tribunal Supremo que, desde una perspectiva objetiva, es difícil apreciar la dualidad de relaciones (mercantil y laboral especial), por cuanto, a diferencia de lo que ocurre con la relación laboral común, como sea que estas dos funciones no aparecen diferenciadas en nuestro Derecho, debe concluirse que, las primeras absorben las propias de la gerencia que, en consecuencia, se considerarán mercantiles.

De acuerdo con lo anterior, considera la DGT que dado que en el supuesto consultado el administrador de la sociedad ejerce las funciones propias de la gerencia de la entidad (de hecho, es su director general), no resulta posible apreciar la dualidad de relaciones (mercantil y laboral especial) en los términos señalados por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino que debe concluirse que la relación mercantil prevalece sobre la laboral especial.

Y habida cuenta que las funciones gerenciales quedarían absorbidas por las funciones de administrador y éstas son de carácter gratuito, conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la compañía, entiende la DGT que la retribución satisfecha al administrador de la entidad responde, en realidad, a una liberalidad en los términos establecidos en el artículo 14.1.e) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, al resultar superior a lo estatutariamente previsto y, en consecuencia, la retribución mensual del administrador/director general de la empresa no será fiscalmente deducible a efectos de determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

La solución para poder conseguir que las cantidades abonadas al administrador de la compañía sean consideradas como deducibles a efectos del Impuesto sobre Sociedades exigirá una modificación de los Estatutos Sociales de la entidad, que refleje la realidad que se viene produciendo, esto es que el cargo de administrador de la sociedad es retribuido.

Miguel Rodríguez de Cepeda.

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Acerca de Miguel Rodriguez de Cepeda

Miguel Rodríguez de Cepeda es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad de Sevilla y Master en Asesoría Fiscal por el Instituto de Estudios Cajasol. Asesor Fiscal – Asociado Senior de LANDWELL-PricewaterhouseCoopers, Abogados y Asesores Fiscales, en la oficina de Sevilla.
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