La regularización voluntaria


Si por amnistía se entiende la extinción de las responsabilidades tributarias derivadas del incumplimiento de las obligaciones fiscales, tal vez podría considerarse como tal la declaración tributaria especial contenida en la Disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012, a la que la Disposición Final Tercera del Real Decreto-Ley 19/2012 ha incorporado dos nuevos apartados, y la Orden de 31 de mayo de 2012 oportunamente desarrollado, aprobando, adicionalmente, el modelo de declaración.

Bien se comprende que detrás de esa intuida amnistía no hay otra finalidad que la de allegar unos ingresos fiscales en el contexto de una dificilísima situación del erario público. Por eso, lo que procede en estos momentos es allanar el camino para que la convocatoria sea atendida. Y eso es, precisamente, lo que ha intentado la referida Orden.

La declaración tributaria especial envuelve una suerte de intercambio fiscal legalmente regulado, que puede resumirse de la siguiente manera: los contribuyentes que han ocultado rentas (IRPF, I. Sociedades, IRNR) pueden liberarse de las responsabilidades de toda índole, incluidas las penales, en las que hubieren incurrido, a cambio de declarar los activos adquiridos con cargo a esas rentas y satisfacer el 10% del valor de adquisición de los mismos.

Si la inspección tributaria descubriera los referidos activos,  consideraría su valor de adquisición como renta ocultada por el obligado tributario, en aplicación de lo previsto en los artículos 39 de la Ley 35/2006 y 134 del TRLIS, y procedería a la pertinente regularización, mediante el aumento de la base imponible declarada y la consecuente liquidación de la deuda tributaria. Pues bien, la declaración tributaria especial enerva esa regularización, y así, con toda propiedad, el artículo 6 de la citada Orden establece que tales rentas se entenderán regularizadas y que el importe declarado tendrá la consideración de renta declarada a los efectos previstos en el artículo 39…y en el artículo 134.

Véase, consiguientemente, que la declaración tributaria especial procura a quien la formula la eliminación del riesgo fiscal inherente al descubrimiento de activos ocultos por parte de la inspección tributaria. En esa eliminación de riesgo reside la esencia de la declaración tributaria especial.

La declaración tributaria especial no impedirá que la inspección tributaria compruebe las obligaciones tributarias no prescritas (IRPF, I. Sociedades, IRNR), pero sí que regularice las rentas correspondientes a los activos aflorados ¿También cuando la prueba de la existencia de tales rentas no se basa en el descubrimiento de los activos ocultos sino de la fuente de renta de la que proceden? La respuesta ha de ser positiva, por cuanto, como se ha indicado, tales rentas se entienden regularizadas. Otros conceptos, como, por ejemplo, los gastos deducibles o las deducciones de la cuota, sí podrán ser objeto de regularización por parte de la inspección tributaria.

La declaración tributaria especial no tiene efecto alguno sobre la prueba de la concurrencia de la prescripción respecto de rentas no declaradas. El contribuyente podrá, si lo desea, incorporar a la declaración activos financiados con rentas ocultas correspondientes a periodos impositivos ya prescritos, o podrá no hacerlo, pero, en este caso, ante el descubrimiento por parte de la inspección tributaria de esos activos ocultos, correrá de su cargo alegar y probar la prescripción, sin que la presentación de la declaración tributaria especial tenga, a estos efectos, valor probatorio alguno.

La dificultad de la prueba de la prescripción, principalmente en relación con los activos líquidos, tal vez animará al contribuyente que se encuentre en una situación como la descrita a formular una declaración tributaria especial en la que se incorporen todos los activos ocultos, por más que lo deseable sería que tal impulso derivase de la solidaridad. Y eso es, ciertamente, lo aconsejable, pues a cambio de un gravamen moderado, se entra, sin riesgos, en el camino de la regularidad fiscal, amén de contribuir al cumplimiento del objetivo de déficit presupuestario.

La declaración tributaria especial no envuelve un impuesto de nuevo cuño. El carácter voluntario de su formulación rechaza la hipótesis del impuesto nuevo cuño, y, por ende, desaloja las dudas de constitucionalidad derivadas del vehículo normativo utilizado (Decreto-Ley). Estas dudas se proyectarán respecto de la compatibilidad de la declaración tributaria especial en relación con el principio de capacidad económica, y el Tribunal Constitucional las resolverá mediante la sentencia que ponga fin al recurso ya planteado, siendo pertinente recordar en este punto que el Tribunal Constitucional viene modulando el efecto temporal de las sentencias mediante las que declara la inconstitucionalidad de las normas legales afectadas, atendiendo, entre otros aspectos, a la confianza legítima de los actos de las instituciones que ejercitan el poder político.

Ahora es la hora de regularizar voluntariamente. Mañana, una vez vencido el plazo de declaración, tiempo habrá para el examen crítico de la medida.

 Eduardo Sanz Gadea.

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Acerca de Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.
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