La fiscalidad de la inversión colectiva


En la reseña del Consejo de ministros de 24 de septiembre de 2010, se informaba de que en el proyecto de ley de presupuestos para 2011 se adoptaban medidas para evitar el diferimiento de tributación de los accionistas de las SICAV. Tan rotunda afirmación sembró la alarma entre los inversores afectados, y la esperanza entre quienes contemplan la equidad como un ingrediente esencial de los sistemas fiscales. ¿Cuál ha sido la medida adoptada a tal efecto?: calificar como renta el importe de la reducción de capital con devolución de aportaciones efectuada por la sicav, con el límite del aumento del valor liquidativo.

¿Se ha evitado el diferimiento?: no, pues este no consistía en la retirada de sustancia patrimonial de la sicav bajo la forma de reducción de capital, sino en la acumulación de renta en la misma tributando al tipo de gravamen simbólico del 1 por 100, de manera tal que el socio podía diferir la tributación de las rentas del ahorro (escala 19-21 por 100) así canalizado hasta el momento del reembolso de la participación. La retirada de fondos mediante la reducción de capital procuraba un diferimiento adicional el cual, por otra parte, se cobijaba en el diferimiento principal, pues, en efecto, carecería de sentido y efectividad en el contexto de un régimen fiscal de la inversión colectiva y de sus partícipes correctamente construida.

Esta forma de tributación, esto es, exención o tributación simbólica de la sicav (y de las restantes instituciones de inversión colectiva) y diferimiento de la tributación de sus socios o partícipes hasta el momento del reembolso, se ha mantenido, con ligeras variaciones, desde la creación de las instituciones de inversión colectiva en 1952. Supone un privilegio fiscal inusitado del que en abstracto pueden disfrutar todos los ahorradores pero que, en la práctica, se concentra en los titulares de grandes patrimonios ya que, de una parte, estos poseen una elevada capacidad económica frente a la más menguada de los pequeños ahorradores, y de otra, estos últimos ejercitan el reembolso para sus necesidades de consumo personal o familiar con mayor frecuencia relativa de lo que lo hacen aquellos. La tributación por el impuesto sobre el patrimonio de los capitales acumulados en las instituciones de inversión colectiva suponía un bálsamo paliativo, pero la Ley 4/2008 lo retiró. Los titulares de grandes patrimonios podrán disfrutar de un diferimiento fiscal tan dilatado como deseen, e incluso podrán continuarlo sus herederos.

¿Cuál es la causa de que el ahorro canalizado a través de una institución de inversión colectiva tenga una tributación diferida frente al materializado en una cartera de valores, o en un depósito en una entidad de crédito, o en un título de la deuda pública?

¿El régimen fiscal actualmente vigente sigue la pauta del establecido en los países de nuestro entorno?

No parece que así sea. Un autor que, recientemente, se ha ocupado de esta cuestión señala que aproximadamente diez Estados miembros han establecido normas para asegurar la tributación en sede de los invasores. Estos Estados miembros utilizan diferentes métodos. Algunos, simplemente, prohíben la acumulación de la renta, en otras palabras, la renta debe ser distribuida, mientras otros consideran la renta acumulada como distribuida o gravan a los inversores en función del aumento de valor de sus paricipaciones…(Raymond Adema. Ucits and Taxation. Towards Harmonization of the Taxation. Kluwer (2009). Entre esos países están Alemania, Reino Unido y Holanda.

¿Las instituciones de inversión colectiva, en particular las sicav, canalizan la inversión hacia la deuda pública española contribuyendo así a aliviar las tensiones sobre la misma?

En modo alguno pues las instituciones de inversión colectiva pueden escoger libremente los activos financieros en los que materializar los fondos recibidos de sus partícipes o derivados de los beneficios acumulados, bajo los principios de liquidez, diversificación y transparencia (art 23 Ley 35/2003).

¿Transferirían los partícipes de las instituciones de inversión colectiva, en particular de las sicav, sus capitales hacia instituciones de inversión colectiva extranjeras, señaladamente las constituidas en Luxemburgo, en caso de suprimirse el privilegio fiscal?

No, a condición de que la técnica tributaria empleada fuera la de la imputación o transparencia. Por el contrario, la elevación del tipo de gravamen de la institución de inversión colectiva sí provocaría fuertes deslocalizaciones como, al parecer, ocurrió el pasado año en relación con las tres diputaciones forales vascas.

¿Contravendría una tributación de la inversión colectiva así concebida las obligaciones derivadas de los convenios bilaterales para eliminar la doble imposición?.

En absoluto. Por el contrario, la propia OCDE recomendó, en relación con las instituciones de inversión colectiva, esta forma de tributación a los efectos de suprimir la ventaja de un diferimiento de imposición para prácticamente todas las inversiones pasivas en las entidades extranjeras (Concurrence Fiscale Dommageable. Un problème mondial; 1998).

¿Acrecería la complejidad del sistema fiscal con la aplicación de la transparencia fiscal a la inversión colectiva?

Sin duda, por ello en una primera etapa tal vez fuera aconsejable aplicar dicho régimen fiscal a los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva que tengan un porcentaje de participación significativo o cuya inversión en valores absolutos lo sea.

La transparencia fiscal es la clave para enderezar la tributación de las instituciones de inversión colectiva, en particular de las sicav, ya que permitiría conservar la tributación simbólica de la entidad y así evitar la desventaja frente a otros regímenes fiscales extranjeros y, al tiempo, poner en pié de igualdad la tributación de sus socios y partícipes con la de los inversores individuales cualquiera que fuere el lugar de constitución de la institución de inversión colectiva. Para alcanzar el objetivo de igualdad de trato, y por tanto de neutralidad y equidad, la transparencia fiscal debe proyectarse en la doble vertiente, interna e internacional, lo que, por otra parte, cumpliría fielmente con las exigencias de no discriminación ni restricción a la libertad de movimiento de capitales derivadas de la normativa comunitaria.

Para escapar a la fiscalidad derivada de la transparencia fiscal, interna e internacional, los socios y partícipes no tendrían bastante con transferir su inversión a una institución extranjera, por ejemplo luxemburguesa, sino que tendrían que trasladar su residencia al extranjero, habida cuenta del principio de tributación según la renta mundial propio de la imposición personal, lo que no es previsible, no ya sólo porque implica la ruptura con un entorno vital, sino también porque el egoísmo cederá, máxime en tiempos de crisis, ante el imperativo moral de compartir el sostenimiento de las cargas públicas.

El diagnóstico de diferimiento fiscal es incontrovertible, como también lo es que la ley de presupuestos para 2011 no ha puesto fin al mismo sino, tan sólo, a una manifestación patológica incubada al calor de dicho diferimiento. Pero el legislador dispone de los instrumentos técnicos adecuados para evitar el diferimiento sin perturbar la función económica de la inversión colectiva ni provocar efectos indeseados. ¿Por qué el universo de Locke no ha de prevalecer sobre el de Hobbes?.

Eduardo Sanz Gadea.

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Acerca de Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.
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