La base imponible común consolidada europea (CCCTB) y el proyecto BEPS de la OCDE


Como es sabido, la Comisión presentó en marzo de 2011 una propuesta de directiva concerniente a la tributación de los beneficios de los grupos de empresas europeos (CCCTB) que, en síntesis, constaba de dos elementos, a saber, un conjunto de normas destinadas a calcular la base imponible del grupo de empresas y una fórmula predeterminada para distribuir esa base imponible entre las empresas del grupo.

BEPSLa Comisión pretendía, al tiempo, remover los obstáculos derivados de la coexistencia de tantos regímenes de tributación sobre los beneficios de las empresas como Estados miembros y reducir las oportunidades de planificación fiscal agresiva.

Ciertamente, la determinación del beneficio gravable sobre una base consolidada es una potente arma, tal vez la mejor, para neutralizar las operaciones de desviación de beneficios, desde unas entidades sujetas a tributación exigente a otras sujetas a tributación liviana.

Sin embargo, la propuesta de directiva encontró la reticencia de ciertos Estados miembros, ya fuere expresa (Hungría, Polonia, Irlanda) o tácita (Reino Unido), de manera tal que su debate en el grupo de alto nivel no rindió el fruto apetecido. Tal vez por ello, en junio de 2013, la Comisión decidió dividir la propuesta de directiva en dos bloques, a saber, el dedicado al cálculo de la base imponible y el relativo a la consolidación y distribución dela base imponible común consolidada. Por tanto, con esta estrategia, la parte más relevante del proyecto CCCTB, quedaba relegada a un segundo lugar en el tiempo.

Justo un mes después, en julio de 2013, la OCDE lanzaba el proyecto BEPS. Pronto se vio que este proyecto necesariamente habría de incidir en la iniciativa de la Comisión relativa a la base imponible común consolidada europea (CCCTB), en la medida en que buena parte de sus acciones afectaban a aspectos de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. En este sentido, en noviembre de 2014, los ministros Schaübel, Sapin y Padoan, dirigieron una carta al comisario Moscovici, en la que le sugerían que propusiera una directiva anti-BEPS. Esta sugerencia fue bien recibida por los Estados miembros, de manera tal que el grupo de alto nivel decidió concentrar sus esfuerzos en aquellas materias de la propuesta de directiva relativas a la base imponible común consolidada que mayor relación guardaban con el proyecto BEPS, esto es, la definición de establecimiento permanente, la transparencia fiscal internacional, la cláusula de inversión, la cláusula general antiabuso, la tributación de salida, la limitación de intereses, y las normas antihíbridos.

En este contexto, la Comisión ha explicitado su intención de presentar, a comienzos de 2016, una propuesta de directiva anti-BEPS, pero sin que ello implique la retirada de la propuesta de directiva concerniente a una base imponible común consolidada europea (CCCTB). Esta iniciativa es congruente con el apoyo que los informes finales del proyecto BEPS, aparecidos en octubre de 2015, han recibido del G-20, y del propio Ecofin en su reunión de 8 de diciembre de 2015.

Ahora bien, las dificultades técnicas que se adivinan son importantes, habida cuenta de la poca concreción que se observa en bastantes de los mencionados informes. Véase, por ejemplo, el concerniente a la transparencia fiscal internacional (CFC, rules) el cual, en la materia nuclear de la definición de las rentas sujetas a imputación, se limita a exponer todas las alternativas existentes sin señalar la que entiende más adecuada; o el relativo a la limitación a la deducción de intereses, donde el aspecto crucial de la armonización de las denominadas normas barrera con el principio de libre competencia ha quedado totalmente indefinido, desde el punto y hora en que la cláusula de escape basada en la comparación de estructuras financieras ha sido considerada conveniente pero no inexcusable, dando pié así, en el contexto del modelo tradicional de Impuesto sobre Sociedades, esto es, el fundamentado en el resultado contable, a potenciales efectos prácticos incompatibles con el referido principio y, por ende, a excesos de imposición.

La iniciativa de la Comisión es positiva, pero su eficacia práctica quedaría muy menguada si se limitara a reproducir el abanico de alternativas que constan en los informes finales del proyecto BEPS de la OCDE.

Eduardo Sanz Gadea.

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Acerca de Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.
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