Plan de Acción de la Unión Europea


El 17 de junio del corriente año, la Comisión presentó una comunicación al Parlamento y al Consejo denominada Un justo y eficiente sistema de imposición sobre las sociedades en la Unión Europea: 5 áreas clave para la acción. La Comisión anuncia los campos en los que se propone desplegar sus esfuerzos en pos de esa tributación justa y eficiente.

Bandera UEEn primer lugar, la Comisión pretende relanzar su propuesta de directiva relativa a una base imponible común consolidada europea. La Comisión estima que la implantación de este sistema de tributación constituye la solución global a todos los problemas. Tal vez sea excesivo su optimismo, por cuanto tal sistema de tributación no enderezaría la desviación artificiosa de beneficios generados en la Unión Europea.

Ese modelo de tributación fue propuesto en 2001 por una comisión se expertos, y en 2011 fue concretado mediante una propuesta de directiva. La Comisión pretende revitalizarlo, pero bastante rebajado de contenido, puesto que pospone el elemento de consolidación y se centra en la base imponible común. Ahora bien, la esencia del proyecto no está en la uniformidad de la base imponible sino en la consolidación. En efecto, es ella la que puede enfrentarse con garantías a la competencia fiscal y a la planificación fiscal agresivas. Este paso atrás apenas si se compensa con que la base imponible común ya no será optativa sino obligatoria. Realmente, en medio de la tormenta BEPS, era imposible mantener el carácter optativo, por cuanto tal carácter aumentaría las vías de elusión.

En segundo lugar, la Comisión, con el objetivo de garantizar que los beneficios sean gravados por la jurisdicción fiscal en donde se generan, ofrecerá una definición más idónea de establecimiento permanente, así como del régimen fiscal de las entidades controladas o transparencia fiscal internacional, al tiempo que propondrá la modificación de la Directiva de intereses y cánones al objeto de excluir su aplicación cuando no exista tributación en sede de la entidad perceptora, proseguirá la tarea de adecuar a la realidad del mercado interior la implementación de los criterios sobre precios de transferencia de la OCDE y, lo que es más importante, en relación con los regímenes de patent box, exigirá que se construyan de manera tal que exista una relación directa entre el beneficio fiscal y el territorio en el que se desarrollan las actividades de investigación y desarrollo. La realidad es que, varios Estados miembros, entre ellos España, han establecido regímenes preferenciales para las rentas derivadas de ciertos activos intangibles, cuyo potencial efecto deslocalizador es elevado.

En tercer lugar, la Comisión propondrá medidas específicas para mejorar la fiscalidad de los beneficios de las empresas. Así, retomará su ya veterana aspiración en orden a la compensación transfronteriza de pérdidas, si bien con el oportuno mecanismo de recaptura, y analizará la conveniencia de ampliar el ámbito material de la Convención de Arbitraje y agilizar los procedimientos para su aplicación. Se trata, bien se ve, de una línea de actuación que podríamos denominar tradicional.

En cuarto lugar, la Comisión continuará fomentando la transparencia. A tal efecto, impulsará la propuesta de Directiva sobre intercambio automático de información en materia de acuerdos con las Administraciones tributarias, estimulará la adopción de medidas comunes respecto de los paraísos fiscales y asimilados, en línea con la Recomendación de 2012, y evaluará la conveniencia de ampliar las materias que podrán ser objeto de intercambio automático de información.

En quinto y último lugar, la Comisión se propone promover la cooperación entre los Estados miembros en relación con las inspecciones fiscales conjuntas, sobre la base de la Directiva de Cooperación Administrativa, mejorar los métodos de trabajo del Grupo de trabajo del Código de Conducta y, en fin, hacer lo propio en relación con la Plataforma de buenas prácticas fiscales.

Buena parte de las actuaciones que integran el Plan de Acción de la Comisión son paralelas a las del Plan de Acción BEPS de la OCDE. Sin embargo, la medida estrella de la Comisión, esto es, la base imponible común consolidada europea para el Impuesto sobre Sociedades, no está en la Agenda de la OCDE. No es extraño que así sea, por cuanto, de una parte, la base imponible común consolidada descansa en una filosofía que es, justamente, la opuesta a la que viene manteniendo la OCDE, fundamentada en el principio de empresa separada, y de otra, porque la naturaleza de los lazos políticos trabados entre los Estados miembros de la OCDE tal vez no lo permita.

Eduardo Sanz Gadea.

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Acerca de Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.
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