¿Todos contentos con el principio de libre concurrencia?


De manera eufemística responden positivamente a esta pregunta tres profesores del HEC de Montreal en un artículo aparecido bajo el título Base Erosion and Profit Shifting: Reliability and the Future of Transfer Pricing Methods. Así, las empresas multinacionales estarían satisfechas porque, mediante un uso “apropiado” del mismo, pueden reducir su carga fiscal; los gobiernos porque les permite aumentar la recaudación y porque no atisban una alternativa mejor; y los consultores porque les permite trazar estrategias para fundamentar aquella reducción.

MonedasSe podría añadir al grupo de los contentos a aquellas autoridades fiscales que utilizan los acuerdos previos en materia de precios de transferencia para atraer a su territorio la constitución de sociedades.

La técnica es sencilla. Consiste en establecer con una entidad perteneciente a un grupo multinacional un acuerdo previo en materia de precios de transferencia que se aparte del principio de libre concurrencia, creando una ventaja fiscal para aquélla.

La Comisión ha examinado tres acuerdos previos de esa naturaleza (Luxemburgo/ FTT, SA.38375; Países Bajos/ Starbucks, SA.38375; Irlanda/ Apple, S.A.38373) en el ejercicio de la competencia en materia de ayudas de Estado, y ha concluido en sus tres decisiones que un acuerdo que se desvía del principio de libre concurrencia implica una ayuda de Estado selectiva incompatible con el mercado interior.

La operatoria es en extremo sutil y reveladora. Sutil, porque no es fácil determinar, mediante el análisis de los documentos y hechos en presencia, que el principio de libre concurrencia haya sido preterido. Reveladora, porque pone de relieve que la adhesión de ciertos Estados miembros al Código de Conducta, caso de confirmarse los temores de la Comisión, ha sido más aparente que real, de manera tal que el desmantelamiento de las medidas perjudiciales habría sido, en cierto modo, sorteado por prácticas administrativas desleales

¿Todos contentos? Desde luego, no los gobiernos de los países que, eventualmente, hubieran recibido la inversión caso de no mediar la ventaja fiscal concedida por otros gobiernos concernidos, por otra parte, por el principio comunitario de leal cooperación. Tampoco los gobiernos que, eventualmente, puedan sufrir una fuga de bases imponibles desde entidades residentes en su territorio hacia entidades beneficiarias de la ventaja fiscal.

No le faltaba razón a Wolfgang Schauble cuando, en el contexto de la reunión del Foro global sobre transparencia e intercambio de información, celebrada en Berlín el 30 de Octubre del corriente año, afirmaba que la comunidad de gobiernos concernidos necesitaba asegurar que la planificación fiscal creativa bajo la forma de desviación de beneficios y de reducción artificial de beneficios no sería en lo sucesivo un lucrativo negocio.

Pues bien, la planificación fiscal creativa es tanto más perniciosa cuanto en su implementación interviene una autoridad fiscal, y de ahí que el ministro alemán, muy probablemente con la mente puesta en los expedientes de ayudas de Estado antes mencionados, y tal vez también en los regímenes fiscales conocidos como patent box, denunciara que la política fiscal de empobrecer al vecino…es tan peligrosa como…la basada en la devaluación monetaria competitiva.

El camino emprendido por la Comisión, consistente en examinar los acuerdos previos en materia de precios de transferencia para determinar si son congruentes con el principio de libre concurrencia representa una acción tan encomiable como aventurada, máxime si, finalmente, ha de intervenir el Tribunal de Justicia, como parece previsible. Es encomiable, porque se trata de poner coto a unas prácticas que, caso de confirmarse los temores de la Comisión, suponen una agresión notable a los propios fundamentos del mercado interior.

Es aventurada porque, como es bien sabido, y la Guía de Precios de Transferencia de la OCDE así lo recuerda reiteradamente, la aplicación del principio de libre concurrencia no responde a las pautas de una ciencia exacta. En efecto, el método más fiable para dar efectividad a dicho principio es el que descansa en el precio libre comparable, pero éste es rara avis, y en su defecto se aplica, en buena parte de los casos, el método del margen neto del conjunto de las operaciones, cuya imprecisión es bien conocida.

Tal vez por ello Pierre Moscovici, nuevo comisario de asuntos financieros, fiscales y aduaneros, en su comparecencia ante el parlamento europeo de 13 de noviembre del presente año, haya anunciado que retoma el proyecto de base imponible común consolidada europea  (CCCTB). En efecto, la estructura y funcionamiento de un Impuesto sobre Sociedades, así construida, prescinde del principio de libre concurrencia, si bien solamente en las relaciones vinculadas intrauropeas. Ahora bien, limitado al contexto europeo, el CCCTB será poco fructífero

Acierta Wolfgang Schauble cuando, de una parte, observa que los vigentes principios relativos a la imputación de las rentas entre las distintas entidades que integran los grupos multinacionales responden al mundo económico de los años treinta del pasado siglo, y de otra, cuando concluye que las tensiones existentes entre soberanía fiscal nacional y el ámbito sin fronteras de las actividades económicas únicamente puede ser resuelto mediante el diálogo internacional y normas globales uniformes.

En este sentido, una tributación sobre el beneficio de las empresas construido sobre las cuentas consolidadas, antes que sobre las individuales, supondría, ciertamente, la reconducción de dicha tributación a normas globales.

Eduardo Sanz Gadea.

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Acerca de Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.
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