Los híbridos ya están aquí… para quedarse. La sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de febrero de 2014.


En una colaboración anterior se comentó la sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de abril de 2013 a cuyo tenor, las rentas derivadas de unos títulos emitidos por una entidad residente en Australia debían, a pesar de su denominación como dividendos, ser calificadas como intereses, con la consecuencia de no poder disfrutar de la exención prevista en el articulo 21 del TRLIS.

Jurisprudencia 2 (L)La sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de febrero de 2014, que seguidamente se comenta, ha calificado como dividendos a las rentas procedentes de los juros o capital propio emitidos por una entidad residente en Brasil y, consecuentemente, son aptas para disfrutar de la exención prevista en el artículo 23.3 del convenio hispano-brasileño para evitar la doble imposición.

La sentencia bucea en el régimen jurídico de las rentas derivadas de los juros, a cuyo efecto examina el artículo 9 de la Ley Federal nº 9.249, de 26 de diciembre de 1995, de cuyo tenor, realmente, cabe extraer argumentos que podrían apoyar tanto la naturaleza de intereses como de dividendos de las rentas derivadas de los juros. En efecto, las rentas se denominan intereses, pero se perciben a título de la remuneración del capital propio y su acreditación o pago está condicionado a la existencia de beneficios acumulados y reservas, en montante igual o superior a dos veces los intereses.

Para el tribunal, los juros tienen el mismo “leit motiv” que los dividendos, es decir, la existencia de beneficios y su distribución por acuerdo de la Junta de accionistas…su fuente es la existencia de una renta y su título imputativo es la participación del socio en el capital social…y, a mayor abundamiento, desde el punto de vista contable, los JSCP en la normativa brasileña no constituyen un gasto financiero al responder a una distribución de beneficios… como así se contempla en la Deliberación CVM, de 13 de diciembre de 1996, y en la Circular del Banco Central de Brasil…

Tal vez haya influido en la decisión del tribunal una sentencia del tribunal federal alemán, aludida en la argumentación jurídica, en la que se califican como dividendos las rentas procedentes de los juros.

Con todo, se echa de menos en la argumentación del tribunal un párrafo rotundo en el sentido de que la distribución de la renta no era obligatoria, pues si lo fuere hubiere debido calificarse como intereses, sin que el requisito de la existencia de beneficios tenga otro valor que el de mera condición para el pago de los mismos.

Así pues, la argumentación que despliega el tribunal en orden a la calificación de las rentas, ofrece algunas incertidumbres. Por el contrario, lo que sí se desprende nítidamente de la literatura legal brasileña es que esas rentas no tributan por el Impuesto sobre Sociedades, por cuanto la persona jurídica podrá deducir, a efectos de la determinación del beneficio real, los intereses pagados o acreditados individualmente al titular.

La resolución del TEAC, de 13 de abril de 2011, situó el conflicto en este campo, constatando que en definitiva, el impuesto sobre la renta de las personas físicas pagado por las filiales brasileñas por estas rentas es cero, desestimando por tal motivo la pretensión del interesado.

No era un argumento menor teniendo en cuenta que en el frontispicio del artículo 23 del convenio hispano-brasileño para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, consta la expresión métodos para eliminar la doble imposición. Pero el tribunal de justicia, bien se ve, no ha concedido valor a la finalidad de la norma que ha de aplicarse.

Antes bien, declina entrar en su consideración, y adentrándose en el artículo 21 del TRLIS, observa que, ciertamente, la entidad que reparte el dividendo ha de tributar por el Impuesto sobre  Sociedades, pero que este requisito se entiende cumplido cuando la entidad participada sea residente en un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional.

De esta suerte, el resultado práctico del análisis del tribunal es la no imposición de una renta, paradójicamente al amparo de un precepto que, como el 23 del convenio hispano-brasileño, está destinado a evitar la doble imposición pero no, obviamente, a procurar la no imposición. Pero esto no inquieta al tribunal, pues considera que no puede traerse a colación los resultados fiscales que, como consecuencia de la aplicación de la norma brasileña, tendente a estimular la fiscalidad de las sociedades, puedan incidir en la desnaturalización del beneficio fiscal que la norma española reconoce. Este párrafo, sin duda relevante en la argumentación desplegada por la sentencia, suscita no pocas dudas: ¿Tal vez esa norma brasileña era similar a las nuestras relativas a la actualización de balances? ¿Derivaba la renta distribuida del reparto de una cuenta de esa naturaleza? ¿Por qué, si así fue, minoraba la renta de la entidad? ¿Cuál es, en fin, el beneficio fiscal que la norma española reconoce?

La norma española, tanto la convenida como la interna, no reconoce otro beneficio fiscal que la eliminación de la doble imposición, y esa es, precisamente, su finalidad. Desde esta consideración, y teniendo presente lo previsto en el artículo 3.1 del Código Civil, el tribunal, tal vez, hubiera debido llegar a una conclusión diferente.

Verdad es que la literatura del artículo 21 del TRLIS no ayuda, por cuanto refiere la tributación a la entidad que reparte el beneficio, y no al beneficio mismo, pero ello no hubiera debido ser obstáculo para sedimentar una interpretación adecuada.

Cuestión distinta, pero no planteada en el expediente, es que la inspección tributaria hubiera fundamentado su regularización en la existencia de una tributación sobre el beneficio en Brasil débil. Éste es otro problema. Una tributación de ese tipo no desplaza, hoy por hoy, la exención para evitar la doble imposición de dividendos, aunque tal vez sí lo haga mañana si la anunciada reforma del Impuesto sobre Sociedades acoge la propuesta nº 43 de la Comisión de Expertos, consistente en que la entidad participada soporte por el impuesto extranjero una tributación mínima del 10 por 100 sobre su beneficio en el país a que se refiera.

Ahora bien, una literatura legal así concebida tampoco hubiera llevado, atendiendo al hilo argumental del tribunal, a una sentencia diferente, por cuanto el impuesto sobre los beneficios en Brasil se liquida a un tipo superior al 10% (actualmente al 20%). Para enderezar la no imposición que ampara la sentencia sería necesario, una vez más en el contexto de su argumentación, referir la tributación a la renta distribuida en lugar de a la entidad que la distribuye.

También cabe, claro está, que el Tribunal Supremo siente una doctrina diferente basada en el espíritu y finalidad de la norma que, en el caso presente, es evitar la doble imposición, pero no amparar la no imposición.

En otro orden de ideas, cabe resaltar, una vez más, la complejidad que anida en las partidas que se inscriben en la rúbrica contable del resultado financiero. Una gran parte de los conflictos que han azotado al Impuesto sobre Sociedades en los últimos años derivan de las mismas. El que nos ocupa es uno más ¿No ha llegado, en la vísperas de una reforma fiscal, la hora de reflexionar sobre ello?

Eduardo Sanz Gadea.

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Acerca de Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.
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Una respuesta a Los híbridos ya están aquí… para quedarse. La sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de febrero de 2014.

  1. Ignacio dijo:

    Al analizar la finalidad del art. 23 del CDI Brasil-España quizás fuese interesante no detenerse únicamente en el título del artículo, toda vez que es en ese mismo precepto en el que se contempla una cláusula de “tax sparing”, ejemplo paradigmático de todo lo contrario: la doble “no imposición”. Admitamos que el nuevo mantra consistente en evitar la doble “no imposición” no es la finalidad original de los Convenios. Y admitamos que no a todos los países del globo (pienso especialmente en los que se encuentran en vías de desarrollo, incluidos los BRICS) les agrada el giro conceptual que subyace en las discusiones sobre BEPS. Y es que muchos de los tratados vigentes contienen este tipo de cláusulas, que no son sino una herramienta de política tributaria para atraer, precisamente por medio de la doble “no imposición” (total o parcial), inversión exterior. Por favor, dejemos de estigmatizar la doble no imposición por el mero hecho de que muchos de los países desarrollados necesiten ahora cuadrar sus balanzas fiscales.

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