La asignación para fines de carácter social en el IRPF


1. NOTA PREVIA

Una de las características peculiares que tiene nuestro Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF) es la posibilidad que tienen los contribuyentes, sujetos pasivos del tributo, de decidir que una parte de su cuota íntegra se destine a determinadas finalidades.

Nos encontramos, en consecuencia, ante una partida tributaria asignada con carácter finalista, lo que choca, en principio, con la idea de generalidad en los impuestos y su destino medial al servicio del gasto público en general, artículo 31.1 de la Constitución Española; así como con la idea del tributo como prestación pecuniaria al servicio de los fines generales del Estado, plasmada, entre otros, en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Iglesia (L)Se trata de una asignación finalista peculiar, asimismo, porque al contrario que la tradición de los viejos “arbitrios con fines no fiscales” o recargos finalistas (cuyo último ejemplo nefasto es el mal llamado “céntimo sanitario”), no supone que exista un tributo afectado a un fin o que un determinado parámetro fiscal (base imponible, cuota tributaria, recargo, etc.) se destine íntegramente a una determinada partida presupuestaria; sino que el IRPF se liquida íntegramente, lo que sucede es que, una vez liquidado, el contribuyente puede optar por señalar que parte de su cuota tributaria vaya íntegramente a determinadas finalidades de gasto, constitucionalmente reconocidas.

2. ASIGNACIÓN PARA FINES SOCIALES Y ASIGNACIÓN PARA LA IGLESIA CATÓLICA.

En los momentos actuales, nuestro IRPF conoce dos modalidades diferentes de asignación tributaria: la vinculada a la Iglesia Católica y la de “fines sociales”, habiéndose configurado la segunda a imagen y semejanza de la primera, incluso, en lo que hace referencia a su cuantía, el 0,7% de la cuota íntegra.

Sin embargo, a pesar de su similitud liquidatoria, lo cierto es que su fundamento jurídico es muy distinto, pues la porción vinculada a la Iglesia Católica deriva del artículo 16.3 de la Constitución Española y de normas de Derecho Internacional, específicamente, el Acuerdo Iglesia-Estado sobre Asuntos Económicos, que priman sobre el Ordenamiento interno, incluyendo el tributario, tal y como señala el artículo 7.1 de la Ley General Tributaria, mientras que la asignación para fines sociales es una decisión interna, autónoma del Estado Español, destinada a subvencionar una serie de finalidades.

Tampoco su instrumentación es pareja, pues la asignación para la Iglesia Católica es gestionada y distribuida por esta institución religiosa, sin perjuicio de la necesidad de informar sobre su destino (a destacar el ejercicio de transparencia y buena gestión que está realizando al respecto la Conferencia Episcopal, pues proporciona abundante información acerca del destino de tales recursos); en cambio, la asignación para fines sociales no se entrega directamente a todas las entidades, sino que requiere una convocatoria pública, realizada en los momentos actuales por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

De hecho, la última convocatoria publicada es la prevista en el Real Decreto 536/2013, de 12 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF y la Resolución de 16 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF.

Es más, esta regulación e instrumentación diferenciada de las dos asignaciones mencionadas puede generar confusión entre los sujetos pasivos del IRPF, pensando que son incompatibles, cuando lo primero a conocer es que las dos: Iglesia Católica y fines son sociales resultan ser totalmente compatibles, pudiendo el contribuyente marcar las dos, una de ellas o ninguna. En este último supuesto, se entiende que el contribuyente destina sus recursos al Tesoro Pública sin afectación alguna.

Este posible error afecta negativamente a los dos entes protagonistas: entidades sociales e Iglesia Católica, pues conforme a las últimas estadísticas conocidas todavía un 29% de declarantes del IRPF (que fueron, conforme a los datos de 2011, declaración de 2012, 16.766.473) no marcan ninguna asignación y un 19% marcan de manera exclusiva a la Iglesia Católica quizás, sin darse cuenta, que instituciones caritativas y de interés general muy vinculadas a la Iglesia Católica, ejemplo de Caritás, también concurren a las convocatorias de fines sociales.

La distribución de los programas de estas subvenciones, a las que contribuyente los 10.030.000 declarantes del IRPF que marcaron el aspa de la asignación para fines sociales en la declaración del IRPF del año 2012 (última para la cual se dispone de información), mientras que, en 2011, fueron 9.770.000; es como sigue: el 78% para asignaciones de carácter social, el 19% para la cooperación al desarrollo (lo que explica la integración de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECID, en las convocatorias de las subvenciones)y el 3% para programas ligados a la protección del medio ambiente.
El destino de las asignaciones, su distribución, las entidades que reciben las mismas, a las cuales se les exigen requisitos muy rigurosos para acceder a las mismas, etc., son objeto de debate periódico entre los entes beneficiados.

Sin embargo, el gran peligro de esta asignación, de cuya necesidad y oportunidad en tiempos de crisis sistémica no puede dudarse, es la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que, vinculando la asignación al ámbito de las competencias de “asistencia social”, considera que las Comunidades Autónomas deben intervenir (¿cómo?) en su distribución. En este sentido, pueden verse las sentencias del Tribunal Constitucional SSTC 21/2013, de 31 de enero; 40/2013, de 14 de febrero y 52/2013, de 28 de febrero.
No es de extrañar que la Plataforma de Acción Social del Tercer Sector desee que esta asignación siga en manos del Estado Central, lo cual apoyamos firmemente, pues solo hay que ver lo que ha sucedido con la gestión de la dependencia en manos de las Comunidades Autónomas, como para dudar de la capacidad de éstas para asignar adecuadamente esta parte relevante del gasto público.

Domingo Carbajo Vasco.

 

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Acerca de Domingo Carbajo Vasco

Domingo Carbajo Vasco es Inspector de Hacienda del Estado, Economista, Abogado y Profesor en diferentes instituciones y escuelas. Posee experiencia internacional, en asuntos europeos, Twinnings y otras materias de consultoría fiscal y financiera.
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