Propuestas de la Comisión de Expertos en materia de gastos financieros


El viernes 14 de marzo de 2014, se publicó el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español. Cumple, ante todo, celebrar su existencia, pues supone un instrumento idóneo para un debate constructivo en orden a la mejora del sistema tributario español. Por otra parte, aun cuando no vincula al Gobierno, es claro que será tomado en consideración para configurar la reforma tributaria largamente anunciada. En relación con el Impuesto sobre Sociedades, el informe articula un conjunto de propuestas que, en lo esencial, propugnan el ensanchamiento de la base imponible y la reducción del tipo de gravamen. Es difícil no estar de acuerdo con esta línea de pensamiento.

Cotizaciones 2 (L)La propuesta número 34, se refiere a la deducción de los gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades, y reza así:

a) Establecer la deducibilidad fiscal sin limitación alguna de los gastos financieros netos si estos no superan la cifra de un millón de euros en cada ejercicio.
b) Si los gastos financieros netos superasen el límite anterior, deberían considerarse fiscalmente no deducible los correspondientes al exceso de endeudamiento de la entidad respecto al porcentaje sobre activos totales que se establezca por las normas del Impuesto.
c) Debería establecerse que el porcentaje sobre activos totales anterior iría disminuyendo desde un 65% hasta un 50%, a razón de un 3% cada año, al objeto impulsar una financiación equilibrada de las entidades respecto a sus recursos propios.
d) Deberían mantenerse respecto a estas normas las excepciones que ya existen en la norma vigente sobre limitación de gastos financieros, relativas a entidades de crédito y empresas de seguros.

La propuesta consiste, bien se ve, en una limitación objetiva a la deducción de los gastos financieros. Como es sabido, el artículo 20 del TRLIS (según redacción del Real Decreto-Ley 12/2012) también establece una limitación objetiva a dicha deducción. Lo que propone la Comisión es modificar la base de cálculo de la limitación, sustituyendo el beneficio operativo por los activos totales. De esta suerte, y al cabo de un periodo transitorio, no serían fiscalmente deducibles los intereses correspondientes al endeudamiento que excediera el importe de la mitad de los activos totales. La no deducción parece que tendría carácter de ajuste permanente y no temporal, a diferencia de lo que acaece en la actualidad.

A primera vista la propuesta de la Comisión mejora la situación actual. En efecto, es más intensa la relación del endeudamiento con los activos que con el resultado derivado de la explotación. Con todo, algunas incertidumbres técnicas saltan a la vista:

  • ¿Deben considerarse todos los activos o, por el contrario, deberían excluirse los instrumentos de patrimonio determinantes de las relaciones contempladas en el artículo 42 del Código de Comercio?
  • ¿Deben considerarse los activos registrados en las cuentas anuales o también aquellos otros que no lo están aun cuando han sido objeto de procesos de inversión en sentido económico, como pueden ser los concernientes al I+D+i?
  • ¿Puede un solo porcentaje abarcar la riqueza de las situaciones de financiación más convenientes según las diferentes actividades económicas o es más idóneo establecer una pluralidad de coeficientes de carácter sectorial?

El primer interrogante rememora, bien se comprende, el conflicto denominado de los gastos financieros, mantenido en la pasada década entre la Administración tributaria y un grupo de contribuyentes bien definido, todavía a la espera de sentencia judicial firme.
Pues bien, la norma propuesta, además de no cerrar la brecha a la deducción abusiva de gastos financieros instrumentada mediante las adquisiciones de carteras de valores internas financiadas con pasivos financieros externos, podría contribuir a consolidarla. En efecto, por cada euro de instrumento de patrimonio adquirido se permitiría caeteris paribus, la deducción de cincuenta céntimos de euro. Nótese que la restricción a la deducción de gastos financieros del artículo 14.1.h del TRLIS, que la Comisión propone mantener, solamnte afecta a los intereses derivados de los pasivos financieros internos, siendo así que los mismos son totalmente fungibles con los pasivos financieros externos.
El segundo interrogante pone el foco de atención en que la realización de actividades económicas, incluso las más sofisticadas, no siempre requiere la tenencia de importantes activos, pero sí de medios financieros. Por tanto, una norma que toma como listón los activos discrimina a las actividades económicas que no requieren la utilización de elementos registrables como activos.

El tercer interrogante pivota sobre el carácter arbitrista de la medida. La propuesta se presenta como un medio para combatir el exceso de endeudamiento por motivos fiscales. Ciertamente, el Impuesto sobre Sociedades impulsa el endeudamiento, debido a la deducción de los intereses frente a la no deducción de los dividendos, pero es dudoso que ello justifique una medida de tan fuerte contenido intervencionista.

La limitación así concebida, supondrá un aumento de la carga fiscal, en términos comparativos, para aquellas empresas que, por la naturaleza de las actividades que realicen, precisen elevados medios financieros y carezcan de capacidad suficiente para realizar emisiones de capital.

En fin, reconociendo que la cuestión de la deducción de los gastos financieros no es nada sencilla de resolver, no parece que la medida propuesta esté libre de aristas.

En este sentido, tal vez la Comisión hubiera debido ofrecer su criterio respecto del modelo de Impuesto sobre Sociedades conocido como CBIT, fundamentado, como es sabido, en la homologación del impacto de las distintas fuentes de financiación, de manera tal que el coste de uso de las mismas no sería fiscalmente deducible. La contrapartida de la ampliación sustancial de la base imponibles así lograda sería un descenso radical del tipo de gravamen.

A este respecto es interesante destacar que el Informe es consciente de que las normas objetivas limitadoras de la deducción de los intereses apuntan hacia una base imponible que pivota sobre el resultado de explotación ¿No apunta hacia el mismo lugar el modelo CBIT? ¿No lo hace con mayor rigor?

Tiempo al tiempo.

Eduardo Sanz Gadea.

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Acerca de Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.
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