El informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español: Objetivos y marco para la reforma


Hace escasamente quince días conocimos el informe para la Reforma del sistema tributario español, de la Comisión de expertos nombrada por el Gobierno en julio de 2013. Se trata de un informe exhaustivo en el que, desde una descripción previa de los problemas y contextualización del marco que debe delimitar la reforma, se formulan propuestas concretas que afectan a muchos de nuestros impuestos y  a aspectos relacionados con el fraude fiscal,  cotizaciones sociales y los binomios descentralización fiscal /unidad de mercado y descentralización fiscal/neutralidad fiscal. Informe Comision ExpertosLa revisión de los objetivos y principios que inspiran la reforma es necesaria para afrontar el análisis pormenorizado de las propuestas que se formulan y que iremos realizando en sucesivos posts de este blog.

El planteamiento que se hace no es rupturista; asume como objetivo el que ha venido siendo al objetivo por excelencia de la política fiscal del Gobierno en los últimos años: la consolidación fiscal; al menos en una primera fase, y como no podía ser de otro modo,  entiende que la reforma tributaria debe desplegar su eficacia más allá de este objetivo inmediato y coyuntural. Desde el punto de vista económico, se plantea lograr una mejora de la competitividad de la economía, un aumento del empleo e incremento del ahorro. Y junto a estos objetivos,  se plantean a modo de restricciones, los tres objetivos tradicionales de la política fiscal: la eficiencia, la justicia y la suficiencia.

Realmente si nos centramos en las recomendaciones que el Consejo Europeo, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE han hecho al Estado Español, recogidas en el informe, encontramos muchas de las claves de las propuestas:

  1. Buscar un aumento del peso relativo de la imposición indirecta, ampliando el número de bienes y servicios sometidos al tipo general del IVA y elevando los impuestos medioambientales. Ello unido a una reducción de la imposición directa  al considerar que los impuestos directos disminuyen las posibilidades efectivas de crecimiento económico. En la propuesta se ve un claro desplazamiento de la carga tributaria de la imposición directa a la indirecta.
  2. Reducir las exenciones, deducciones, regímenes especiales y reducciones en todos los tributos en aras de una mayor equidad horizontal.
  3. Aumentar la imposición sobre el valor patrimonial de los inmuebles, reduciendo al mismo tiempo los impuestos que recaen sobre la transmisión de esos bienes. La imposición patrimonial se centra en los inmuebles de manera que se propone eliminar el Impuesto sobre Patrimonio e incrementar la presión fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
  4. Reducir las cotizaciones sociales. La Comisión propone bajar las cotizaciones sociales, aunque no de forma inmediata; aproximar el actual sistema de cotizaciones a un auténtico impuesto sobre las nóminas salariales y eliminar las bonificaciones indiscriminadas dirigiéndolas a colectivos concretos especialmente desfavorecidos.
  5. Intensificar la  lucha contra la economía informal y el trabajo no declarado. La propuesta considera necesaria tanto la prevención como la lucha contra el fraude. Respecto a la primera, introduce una reflexión interesante. Considera que la mejor medida preventiva contra el fraude es convencer al contribuyente de la existencia de una relación equilibrada entre impuestos soportados y bienes y servicios recibidos. Uno de los problemas es  la imposibilidad de excluir del consumo de bastantes bienes y servicios públicos a quienes no pagan sus impuestos,   lo que permite actuar en muchos casos a los defraudadores como “free rider”,  apropiándose de los beneficios derivados del gasto público.

Para la Comisión la mejor medida de prevenir el fraude es “la de reducir la utilidad de quien lo practica”; lo que encierra todo un principio programático.

Otra de las claves a tener en cuenta presentes en la definición del marco de la reforma fiscal, es la realidad de nuestro sistema fiscal descentralizado, vertebrado por la Ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas y que debe atender tanto a principios internos como comunitarios. Se es consciente de que la descentralización impositiva puede generar distorsiones en la unidad del mercado interior e incluso en las conductas de los contribuyentes respecto al consumo, al ahorro, a la inversión empresarial e incluso a la localización de personas y que ello puede suponer rupturas del principio de neutralidad fiscal.

Por ello se propone que la  descentralización impositiva se asiente en impuestos que recaigan sobre perceptores finales de renta, o en el caso de impuestos indirectos en tributos que graven el consumo en fase minorista. También ponen de manifiesto que la descentralización resulta óptima cuando recae sobre bienes que carecen de movilidad, como son los bienes inmuebles. Se propone un modelo en el que el Estado debe ejercer su responsabilidad como garante de la unidad de mercado y de la neutralidad fiscal.

Todas las mencionadas claves dan lugar a una propuesta pormenorizada cuya ejecución se propone en dos fases. Una primera fase, de reforma de las principales figuras impositivas que pretenden sea neutral desde el punto de vista recaudatorio y sin reducciones sustanciales en las cotizaciones sociales y una segunda fase, de reducción de las cotizaciones sociales de los empleadores que se compense con incrementos en la imposición indirecta.

Sin lugar a dudas, tenemos sobre la mesa de la sociedad una propuesta que invita al estudio a todas las partes interesadas y que abre la posibilidad del debate.  El debate sobre la propuesta debe constituir otro paso más para la elaboración del proyecto definitivo de reforma tributaria.

Marta Montero Simó.

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Acerca de Marta Montero Simó

Doctora en Derecho por la Universidad Comillas, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa. Visiting Scholar en el European Law Research Center, Harvard Law School. Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario y Directora del Departamento de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía. Directora adjunta del Master Executive sobre Fiscalidad Internacional del Centro de Estudios Garrigues, en Madrid.
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Una respuesta a El informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español: Objetivos y marco para la reforma

  1. Muchas veces las personas quieren resolver algún inconveniente que incluya leyes o normas y reglamentos, sin conocer a los problemas que enfrentan, las mejor estrategia que pueden usar es buscar una asesoría jurídica, para documentarse bien del tema y tomar decisiones al respecto.

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