El Retorno del Impuesto sobre el Patrimonio


1. Introducción

Una de las grandes novedades de la Reforma Fiscal de 1978 fue la introducción, como gravamen “extraordinario”, de un Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.

El hecho de que su incorporación al sistema tributario español fuese con carácter “extraordinario”, como si se tratase de un suceso excepcional y de duración temporal limitada, un gravamen transitorio, ya revela la enorme dificultad que supone implantar un tributo autónomo que recaiga sobre la riqueza, el patrimonio neto, de los particulares.

YateA pesar de que, tanto económica como jurídicamente, todo el mundo reconoce que la riqueza conforma una manifestación de capacidad económica diferente y diferenciada de la renta; lo cierto es que la resistencia al mismo, con variedad de argumentos, como la pretendida existencia de una doble imposición sobre el ahorro, su carácter confiscatorio, etc., anticipaba solamente los problemas que la existencia de este Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante, IP) iba a suponer.

Ello a pesar de que se trataba de una exacción que recaía efectivamente sobre un colectivo limitado (dados los límites de la obligación de declarar que conllevaba) y tenía un marcado carácter censal y de control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF).

En estas condiciones, la feroz resistencia a la tributación patrimonial por parte de los grupos afectados no hizo sino empezar y, de hecho,  el tributo no se “normalizó” hasta la Ley 19/1991, de 6 de junio del IP.

Pero en ese momento ya estaba, a nuestro entender, herido de muerte, pues su cesión a las CCAA generó un total desinterés por la gestión y comprobación de este tributo, con lo que su capacidad de control y cruce con los datos del IRPF cayó en el olvido.

El segundo “agujero” en su función fue la introducción de la denominada “exención del útil de trabajo” o de la “empresa familiar” que, bajo la excusa de defender el patrimonio familiar, ha conllevado que el impuesto dejase de recaer sobre los patrimonios de las grandes familias, hábilmente transformados en “holdings” y empresas familiares.

Por último, los Gobiernos de las CCAA, claramente proclives al populismo más barato, menospreciaron la recaudación pequeña, pero fija, justa y de carácter anti cíclico (más de 2.000 millones de euros) que este tributo proporcionaba, menospreciándola ante el raudal de recursos que la actividad inmobiliaria vinculada a la “burbuja” entraba en sus arcas.

No es de extrañar que, en ese contexto, las exacciones sobre el capital, el IP y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, fueran objeto de feroces ataques, aprovechando que a nadie le gusta pagar impuestos (especialmente, añadimos nosotros, si se pertenece al colectivo que ha de abonarlos) y que el increíble (por llamarlo de alguna manera) Gobierno de ZP lo eliminase en 2008, en el marco de una absurda Política Fiscal que pretendía “salir” de la crisis mediante reducciones de impuestos, carentes de toda racionalidad técnica y cuyo episodio más conocido, por su extravagancia y falta de todo rigor, fueron los 400 euros.

¿Qué sucedió, entonces?. Que las CCAA se encontraron sin un ingreso público de claro carácter anti ciclíco, no afectado por la crisis económica, seguro y que, bien gestionado (creemos sinceramente que pedir una buena gestión fiscal a las Administraciones tributarias de las CCAA es casi un oximorón), hubiera generado abundantes ingresos tributarios y mecanismos de cierre del fraude fiscal, además, de coadyuvar al control del IRPF y a una mayor justicia tributaria.

2. El Retorno

A medida que la crisis económica se expandía y dilataba en el tiempo, la catastrófica Política Fiscal del período 2000/2007, centrada en obtener ingresos tributarios de manera casi exclusiva del ciclo inmobiliario, probó su desastre y las CCAA, en particular, buscaron nuevos ingresos públicos.

Estos ingresos públicos han sido muy variados, aunque destacan cinco frentes: nuevas y mayores tasas, recursos derivados de la imposición ecológica, expansión del llamado “céntimo sanitario” y retorno de la imposición patrimonial.

Ciertamente, algunas CCAA, en particular, la de Madrid, se han resistido a la implementación del IP con argumentos “liberales”, muy discutibles, aunque coherentes con su Política Económica y con el convencimiento en las bondades de la llamada curva de Laffer.

En cualquier caso, el IP está para quedarse y su vigencia, en principio, está asegurada hasta el año 2015; es más, algunas CCAA, caso de la catalana, han incrementado la progresividad del tributo, demostrando una gran coherencia (sic) en este planteamiento, pues su Gobierno fue uno de los que más clamó contra la existencia de tal tributo.

Al menos, la CCAA de Madrid, como hemos señalado, trata de ser coherente en su Política Fiscal y sigue resistiéndose a implantar este tributo, a pesar de que, recientemente, el generoso Gobierno central ha atribuido la recaudación del IP de 2011 a las CCAA que lo hubieran implantado.

3. Los datos del IP del ejercicio 2011

Pues bien, la AEAT acaba de publicar las estadísticas de las declaraciones del IP correspondientes al ejercicio 2011, http://www.agenciatributaria.es > Estadisticas > Publicaciones > Sites > Patrimonio > 2011.

Conviene, en primer lugar, señalar que resulta muy ardua (así lo reconoce la propia Nota metodológica que acompaña esa publicación estadística) la comparación entre los datos del IP 2011 y los correspondientes al período 2008, último de aplicación generalizada de este gravamen sobre el capital en todo el territorio nacional; aunque solamente sea por dos factores: a) los diferentes niveles de declaración, situados ahora en una base imponible superior a 700.000 euros o un elenco de bienes y derechos propiedad del sujeto pasivo por valor superior a los 2 millones de euros, b) el hecho de que en tal año 2011, tres CCAA: Madrid, Valencia y Baleares, seguían sin reintroducir este tributo.

Por ello, tampoco es de extrañar ni el descenso en el número de declaraciones presentadas: en 2007 fueron 967.293 y en 2011 (declaraciones de contribuyentes con cuota tributaria positiva), 102.297.

Sólo en Madrid, en el período 2007, se presentaron 166.603 autoliquidaciones por este impuesto. Tampoco puede extrañar el hecho de que el valor medio de lo declarado se haya incrementado, así hemos pasado de una alícuota media del 0,52% en 2007 al 0,71% en el ejercicio 2011.

Respecto a la composición del patrimonio declarado, quizás tres circunstancias: el impacto de la crisis inmobiliaria, el que los sujetos pasivos declarantes lo sean de bases y rentas elevadas y el mayor dinamismo económico del país, explican que, frente a la situación tradicional, el porcentaje del patrimonio declarado de carácter mobiliario, el 76,27% del total, supere ampliamente al inmobiliario que era del 16,91%.

Entre los valores mobiliarios poseídos destacan, a su vez, los depósitos y las acciones y participaciones en entidades no cotizadas en mercados organizados.

Respecto a la característica media de estos declarantes, se constata que disponen de una fortuna relevante; así, la decila de renta entre 300 y 1.502 miles de euros concentra el 61,76% de los declarantes y el 31,53% del total del patrimonio declarado con una media de 1.031.502 euros por declaración. Asimismo, el proceso de concentración de la riqueza de estos declarantes es muy elevado, producto, sin duda, del incremento en el valor de la base imponible necesaria para declarar, ya que la decila siguiente, la que integra las rentas entre 1.502 y 6.010 miles de euros, donde se encuentran el 30,61% de los declarantes, aporta el 40,91% del total patrimonio declarado con una media por contribuyente de 2.703.048 euros, más del doble que la anterior.

Si, ahora, entrásemos a analizar la distribución del IP por razones de género, vemos que el patrimonio declarado se distribuye de manera prácticamente paritaria entre varón y mujer y que sólo conviene destacar, en tal distribución de género, el hecho de que los bienes inmuebles suponen un porcentaje superior del patrimonio total declarado por las hembras, el 19,74% frente al 14,82% en el caso de los varones, contrastando con una menor importancia del capital mobiliario en las primeras: el 73,40 % frente al 76,27%, respectivamente.

Tal sesgo es coherente con el hecho de la mayor relevancia de los rendimientos del capital inmobiliario declarados por las mujeres en el IRPF en relación a su base imponible.

En suma, bienvenido sea el retorno del IP, aunque esté necesitado de una profunda reforma, pues su normativa y valores, de 1991, se encuentran totalmente alejados del contexto económico, social y tecnológico del siglo XXI.

Domingo Carbajo Vasco.

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Acerca de Domingo Carbajo Vasco

Domingo Carbajo Vasco es Inspector de Hacienda del Estado, Economista, Abogado y Profesor en diferentes instituciones y escuelas. Posee experiencia internacional, en asuntos europeos, Twinnings y otras materias de consultoría fiscal y financiera.
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