Venturas y desventuras de los gastos financieros. Sentencias de la Audiencia Nacional de 24-Enero y 21-Febrero-2013


La sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de febrero de 2013, unida a la de 7 de febrero de 2013, parece consolidar una línea favorable al criterio de la inspección tributaria en la regularización de los gastos financieros. El supuesto de hecho, concienzudamente descrito y estudiado por la sentencia, es del mismo corte que el examinado en la sentencia de 7 de febrero de 2013 pero más alambicado. Diríase que las tintas estaban muy cargadas en esta operación por cuanto la participación sobre la entidad operativa residente en territorio español había aumentado superlativamente de valor en las sucesivas transmisiones que sufrió hasta su adquisición apalancada por la holding residente en territorio español. En este sentido la sentencia indica que también resulta relevante destacar, en línea con lo expuesto por la Administración, la distinta valoración dada a la sociedad XC SL. En efecto, dicha sociedad se valoró en 43 millones de euros cuando en mayo de 2001 se aportaron por los socios de la filial española todas sus participaciones a la luxemburguesa XCC SCA, y ello con motivo de la reestructuración corporativa del Grupo. Sin embargo, días después esa misma sociedad, en una transacción entre dos sociedades luxemburguesas del grupo (la aportación por XCC SCA a XCCE SARL), pasó a valorarse en 348 millones de euros. Por último, dos años después esa misma sociedad en otra transacción intragrupo, esta vez para pasarla a la holding española, su valoración ascendió a 1.000 millones de euros.

Jurisprudencia 6 (L)Con estos mimbres la sentencia concluye que el motivo por el que no se admiten estos gastos como deducibles radica, con fundamento en las operaciones analizadas, en que dichas operaciones no tienen ningún sentido económico o empresarial sustancial para el Grupo, fuera de las ventajas fiscales que se analizan, ni suponen ninguna nueva inversión real ni la ampliación a nuevos mercados, sino que se trata de “un simple intercambio de participaciones dentro del Grupo, que sólo significa un cambio en la titularidad formal de las mismas, sin modificación en la situación de dominio”.

La sentencia de 24 de enero de 2013 de la Audiencia Nacional estima el recurso interpuesto porque el negocio realizado en fraude a la ley tributaria, esto es, adquisición de una participación interna mediante un préstamo intragrupo, se realizó en 1998, siendo así que los periodos objeto de comprobación fueron  los transcurridos entre 2002 y 2005.

La sentencia enlaza la doctrina de los actos propios con la imposibilidad de comprobación a causa de la prescripción, de manera tal que el acto propio de la Administración se pone de relieve no sólo cuando la Administración manifiesta su parecer, de manera expresa y positiva, sobre cualquier cuestión de su competencia, sino que también puede mostrarse mediante actos tácitos o presuntos, con tal que sean concluyentes e inequívoco, uno de los cuales sería, precisamente, la ausencia de comprobación.

En otros párrafos la sentencia parece desentenderse de la doctrina de los actos propios, en este caso de carácter presunto, para, simplemente, negar que en un periodo no prescrito puedan regularizarse los efectos derivados de hechos o negocios que nacieron o se originaron en otro anterior ya prescrito, pues como conclusión de todo lo expuesto, da la impresión de que la Administración, a posteriori, ha querido, casi diez años después de la celebración de las operaciones de adquisición de acciones y de préstamo…alterar las consecuencias de una operación celebrada en un ejercicio ya prescrito, lo que de admitirse podría dar lugar a invocar el fraude de ley de cualquier operación mercantil que produzca efecto final al cabo de décadas…

¿Tomará cuerpo esta doctrina?

La sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2012 ha entendido, respecto de la compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades, que es correcto comprobar la cuantía de la misma, aun cuando provenga de un periodo impositivo prescrito, en orden a su compensación en otro u otros no prescritos. Sin embargo esta sentencia no establece una doctrina de carácter general sino que se centra en la interpretación del artículo 25 del TRLIS.

La esencia de la cuestión reside en el ámbito temporal de la extensión de la comprobación, en concreto, si es posible comprobar hechos relativos a periodos impositivos prescritos que han de desplegar sus efectos en periodos impositivos no prescritos. A mi modo de ver no se trata de una cuestión de actos propios, pues la ausencia de comprobación no implica un pronunciamiento presunto, sino que, simplemente, no hay pronunciamiento. Por lo mismo tampoco se trata de rectificar un criterio precedente, lo que podría hacerse mediando la pertinente justificación. Se trata, simplemente, de dilucidar si la prescripción impide comprobar hechos producidos en periodos impositivos prescritos, en particular si siendo esos hechos determinantes de fraude o conflicto puede instruirse el pertinente procedimiento declarativo de fraude o conflicto a los efectos de regularizar obligaciones tributarias no prescritas.

Eduardo Sanz Gadea.

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Acerca de Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.
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