La creación de tributos estatales como medida para la armonización: El Impuesto sobre los Depósitos en las entidades de crédito


El día 1 de enero entró en vigor el Impuesto Estatal sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. El objetivo según la propia Exposición de Motivos de la ley que lo crea, ley estatal 16/2012, es asegurar un tratamiento fiscal armonizado que garantice una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema financiero.

Bancos (L)Es evidente el fin extrafiscal que persigue la creación de este impuesto, cuya consecuencia, si tenemos en cuenta que el tipo de gravamen es 0, no es otra que impedir que las Comunidades Autónomas puedan exigirlo. De hecho ha anulado los impuestos propios de las Comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Canarias sobre Depósitos de Clientes de Entidades de Crédito, existentes con anterioridad a la tramitación de la ley estatal y ha impedido que vea la luz el impuesto creado en Diciembre por el Gobierno Catalán, pocos días antes de la aprobación de la ley estatal.

Realmente desde 2001, año en que la Comunidad Autónoma de Extremadura creó el impuesto, hasta enero de 2013 y de forma más intensa en 2011 y 2012, este impuesto ha ido superando pruebas, hasta quedarse reducido en una especie de “impuesto durmiente” que solamente el Estado, puede despertar.

Es realmente interesante conocer qué ha ocurrido desde 2001 hasta enero de 2013, para entender la situación actual. En este periodo de tiempo se han puesto de manifiesto diferencias entre Estado y Comunidades Autónomas en las que ha intervenido el Tribunal Constitucional y finalmente, han finalizado mediante la utilización por parte del Estado de la vía de armonización fiscal, prevista en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. El Estado en el ejercicio de su potestad tributaria originaria puede establecer tributos sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades Autónomas y deberá instrumentar medidas de compensación o coordinación, si como consecuencia de ello las Comunidades Autónomas ven disminuidos sus ingresos.

La cronología de los hechos aporta luz para entender la situación actual:

  1. La Ley 14/2001, de 29 de noviembre extremeña, crea el Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito, lo cual generó de forma inmediata una reacción en contra por parte del sector y del Gobierno.
  2. Dicha reacción se materializó en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno el 27 de marzo de 2002. En el recurso se alegaba que el Impuesto sobre Depósitos era equivalente al IVA y al Impuesto sobre actividades económicas y se vulneraba el artículo 6.apartado 2 y 3 de la LOFCA. También se considera vulnerado el artículo 9 b) y c) de esa Ley alegándose problemas de extraterritorialidad y vulneración del principio de libre circulación de capitales.
  3. Andalucía crea el Impuesto sobre depósitos de clientes de entidades de crédito  en ley 11/2010, que  entra en vigor el 1 de enero de 2011.
  4. Canarias crea el Impuesto sobre Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito, mediante  Ley  4/2012, de 25 de junio, que entra en vigor el 1 de julio de 2012.
  5. La Sentencia del Tribunal Constitucional nº 210/2012, de 14 de noviembre de 2012 desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley extremeña. El Tribunal no aprecia identidad entre el hecho imponible gravado por el IVA y el del impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito, el cual no grava la actividad de captación, es decir no grava una prestación de servicio,  sino los depósitos constituidos con los fondos captados. Tampoco aprecia dicha identidad con el hecho imponible del IAE, afirmando que, éste grava la mera actividad económica con independencia del resultado, es decir, se capten o no depósitos y con independencia de su cuantía, sin embargo en el Impuesto de depósitos se gravan los depósitos como elemento del pasivo bancario susceptible de generar riqueza.
    Respecto a la posible vulneración del principio de libre circulación de las deducciones previstas en casos de reinversión o inversión en la CA extremeña, el TC considera que las deducciones son medidas que no provoca ningún efecto de distorsión, ni limita la libre circulación de capitales.
  6. El 29 de noviembre de 2012, el Grupo Popular presenta una enmienda en el Senado al Proyecto de Ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, mediante la que se incorpora el Impuesto sobre los Depósitos de clientes de entidades de crédito.
  7. Antes de la entrada en vigor de la ley estatal y cuando ya se había incorporado, vía enmienda, el Impuesto sobre Depósitos de Clientes de Entidades de Crédito, Cataluña, aprueba el Decreto Ley 5/2012 el 18 de diciembre de 2012 en el que se regula el mismo impuesto. Este Decreto Ley entra en vigor el 20 de diciembre de 2012, doce días antes de que entre en vigor la ley estatal.
  8. El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente de Gobierno contra el Decreto Ley del Gobierno Catalán, el 15 de enero de 2013 y se suspende la vigencia y aplicación del Decreto Ley recurrido

La Ley estatal que lo crea dice que en la medida en que el Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito recaiga sobre hechos imponibles gravados por las CCAA y se produzca una disminución de sus ingresos se compensará a las Comunidades  Autónomas afectadas pero que ello solo será de aplicación a aquellos tributos propios de las comunidades autónomas aprobados por una ley anterior a  1 de diciembre, lo que deja claramente fuera el impuesto creado por Decreto Ley en Cataluña. ¿Qué sentido tenía aprobar un Decreto Ley para crear un impuesto cuando se estaba tramitando una ley estatal para crearlo? ¿Pensaba el Gobierno catalán que formarían parte del grupo de Comunidades autónomas a las que tenía que compensar el Estado vía transferencia?

Es obvio que la vía utilizada por el Estado ha cerrado la puerta de este impuesto a las Comunidades Autónomas pero como contrapartida se ha abierto la relativa a la compensación económica a Andalucía, Extremadura y Canarias en lo relativo a este impuesto. Lo que nos suscita numerosas dudas: ¿Cómo se van a cuantificar esas compensaciones? ¿Durante cuánto años se van a realizar, mientras exista el impuesto estatal? o ¿estas compensaciones tienen fecha de caducidad?

La creación de este impuesto por parte del Estado como clara medida armonizadora de conjunto del sistema tributario español, hay que interpretarla también en el contexto de la futura creación del Impuesto indirecto sobre Transacciones Financieras en el que se ve inmersa España mediante un procedimiento de cooperación reforzada y en el que participan once países europeos.

Marta Montero Simó.

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Acerca de Marta Montero Simó

Doctora en Derecho por la Universidad Comillas, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa. Visiting Scholar en el European Law Research Center, Harvard Law School. Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario y Directora del Departamento de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía. Directora adjunta del Master Executive sobre Fiscalidad Internacional del Centro de Estudios Garrigues, en Madrid.
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2 respuestas a La creación de tributos estatales como medida para la armonización: El Impuesto sobre los Depósitos en las entidades de crédito

  1. Asesorias dijo:

    Creo que si se cobrara impuestos sobre los depósitos influiría en forma negativa en las personas y ellos inviertan menos en los bancos y entidades financieras

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