¿Un caso de discriminación por razón de matrimonio?


La polémica sobre las relaciones entre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF) y la situación familiar resulta interminable.

Por un lado, nuestra Constitución proclama enfáticamente en su artículo 39.1 la “protección social, económica y jurídica de la familia”, mas sin definir este concepto, ni vincularlo a la existencia o no de matrimonio; por otra parte, el matrimonio se reconoce en el artículo 32.1 de la misma Constitución, pero se remiten sus consecuencias y efectos, en el apartado 2, a lo que establezca la ley.

Matrimonio (L)En otro orden de cosas, la doctrina constitucional y la normativa vigente del impuesto, concretamente, el artículo 8 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, centran la exacción del tributo en el contribuyente individual, persona física y con la situación, cuando menos extraña, de la tributación conjunta, reconocen la incidencia en la capacidad económica que sujeta el tributo, la renta, del estatus familiar en una serie de parámetros, supuesto de los mínimos exentos, por lo cual, la “protección de la familia” opera mediante beneficios fiscales, cumpliéndose, de esta forma, la función extrafiscal de aquellos que plantea la Ley General Tributaria, artículo 2.1, segundo párrafo.

Ahora bien, cohonestar la individualización del IRPF con la protección de la familia, la diversidad de fórmulas matrimoniales (recientemente reconocida por el Constitucional) y la igualdad entre los sexos (también reconocida en el artículo 14 de la Carta Magna) no resulta una tarea fácil, especialmente, si tenemos en cuenta el peso ideológico que el término “familia” y sus variedades encuentra en la sociedad española, los debates en relación a la existencia o no de economías de escala en el seno de las diferentes unidades familiares y el carácter transversal (“mainstreaming”) que las políticas de igualdad y de evitación de la discriminación del sexo han adquirido en el Derecho de la Unión Europea.

En cualquier caso, conviene recordar que la “igualdad”, como no se cansa de reiterar nuestro Tribunal Constitucional, supone más bien “no discriminación en situaciones iguales”, porque si los elementos de comparación son distintos (por existencia o no de vínculo matrimonial, por razón de la renta de los sujetos integrantes de la familia, por causa de la discapacidad de alguno de sus miembros, etc.), entonces, también es constitucional discriminar, precisamente, para lograr otras políticas constitucionales.

Nuestro IRPF posee en los momentos actuales diferentes regulaciones en materia familiar que son objeto de críticas y planteamientos diferenciados, verbigracia, la existencia de la tributación conjunta y la ausencia de reconocimiento legal de los efectos de la patria potestad compartida; debates a los que coadyuva una regulación compleja,  producto de una larga inercia histórica, con redacciones que responden a orígenes temporales muy diferentes y sometidas a perpetua confrontación ideológica, al tratarse, sin ningún género de dudas, del gravamen de mayor relevancia social y económica para el debate político.

Hay otros casos que plantean problemas, por ejemplo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado recientemente sobre el significado de los términos “dependencia/convivencia” en una serie de mínimos para “adecuar el impuesto a las circunstancias personales y familiares del contribuyente”, supuestos del mínimo por descendientes y discapacidad, artículos 58 y 60 de la precitada Ley 35/2006, respectivamente.

A nuestro entender, existe, sin embargo, otro supuesto de discriminación familiar en el IRPF. Se trata de lo regulado en los artículos 64 y 75 de la Ley 35/2006, bajo la confusa rúbrica: “especialidades aplicables en los supuestos de anualidades por alimentos a favor de los hijos”, el primero, a efectos del cálculo del impuesto estatal y el segundo artículo en relación al impuesto autonómico o complementario.

Tradicionalmente en el impuesto, las cantidades abonadas por alimentos a los hijos en supuestos de separación y divorcio, no eran renta para los descendientes, pero tampoco suponían minoración de carga tributaria alguna para los alimentistas; de esta forma, quedaban en igualdad de condiciones las situaciones de los padres, constante matrimonio, que por obligación legal han de alimentar, prevenir y curar enfermedades, vestir y educar a sus hijos (elementos esenciales de la obligación de alimentos, artículo 142 del Código Civil), ya que tales gastos de consumo no son deducibles para formar la base imponible del IRPF.

Tal situación se conserva, asimismo, en la legislación vigente del IRPF, como demuestra la exención para los alimentos del artículo 7.,k) de la mencionada Ley35/2006 y que sólo son objeto de reducción de la base imponible, las pensiones compensatorias a los cónyuges, pero no las anualidades por alimentos, artículo 55 Ley 35/2006.

Sin embargo, los artículos 64 y 75 permiten a los padres obligados a satisfacer alimentos a sus hijos por decisión judicial, dividir la base imponible general, a efectos de la aplicación de la escala general estatal y autonómica, respectivamente, en dos partes: una, la integrada exclusivamente por la cuantía de tales alimentos y la otra, por el resto de los rendimientos que forman parte de la base imponible general.

De esta manera, los divorciados y separados que vienen obligados a alimentar a sus hijos, ven reducida la progresividad del impuesto, de forma tal que las cantidades destinadas a “alimentos” tributan a una escala reducida, disminuyendo la carga tributaria que soporta el alimentista; en cambio, los cónyuges constante matrimonio no reciben ninguna reducción impositiva por educar, vestir, etc., a sus hijos distinta de la integrada bajo el mínimo por descendientes, la cual también es, en su caso, recibida por los ex  cónyuges de los cuales dependen tales hijos.

Podría argumentarse que la justificación de tal beneficio fiscal es que la separación o el divorcio implican deseconomías de escala para los antiguos cónyuges, pero tal argumento, además de la necesidad de ser probado, debería extenderse para los dos miembros de la pareja y no, solamente para el obligado a la prestación de alimentos.

Por ello, sólo cabe denunciar la posible existencia de una discriminación contra el matrimonio en el IRPF.

Domingo Carbajo Vasco.

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Acerca de Domingo Carbajo Vasco

Domingo Carbajo Vasco es Inspector de Hacienda del Estado, Economista, Abogado y Profesor en diferentes instituciones y escuelas. Posee experiencia internacional, en asuntos europeos, Twinnings y otras materias de consultoría fiscal y financiera.
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