La Sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a El Corte Inglés a suministrar a la AEAT información sobre sus clientes


La reciente Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de julio de 2012 (SAN 3400/2012) resuelve el Recurso Contencioso-Administrativo número 357/2009 interpuesto por la entidad “Financiera El Corte Inglés FC, S.A.” contra la denegación por parte del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de la Reclamación presentada por la empresa frente a la solicitud efectuada por el Equipo Central de Información del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria para que le fueran aportados los datos de todos los titulares personas físicas o jurídicas que hubieran realizado pagos con la tarjeta de El Corte Inglés durante los años 2006 y 2007 por un por importe total anual igual o superior a 30.000 euros.

Aunque es obvio que se trata de un requerimiento genérico de información -tal como tuvo ocasión de explicar la empresa en las alegaciones presentadas ante el TEAC-, en la medida en que la petición efectuada por la Agencia Tributaria no concreta ni el tipo de operaciones, ni el perfil de las personas o entidades objeto de investigación, y que dicho requerimiento de información puede resultar una tarea compleja y costosa para la empresa, la Audiencia Nacional deniega el Recurso planteado por El Corte Inglés basándose en la Sentencia del Tribunal Supremo de de 3 de noviembre de 2011, recaída en el recurso de casación nº 2117/2009, en el que se planteaba un supuesto similar de solicitud genérica de información a una entidad bancaria.

En este caso, la Audiencia Nacional no acepta los argumentos esgrimidos por la empresa en su Reclamación y, en particular, niega que exista una falta de motivación en el requerimiento de información efectuado, puesto que en el mismo se expresaba con claridad la “trascendencia tributaria” de la actuación de la Agencia Tributaria, especificándose que la información solicitada “resulta necesaria para el desarrollo de las actuaciones que tienen encomendadas los Servicios de Inspección de la A.E.A.T.”.

Asimismo, la Audiencia Nacional tampoco considera que el requerimiento de información efectuado a El Corte Inglés adolezca de “falta de proporcionalidad”, tal como considera la empresa, toda vez que “el carácter masivo, indiscriminado o genérico del requerimiento no lo hace incurrir en una prohibida falta de proporcionalidad”, habida cuenta de la “trascendencia tributaria” de la medida.

Finalmente, tampoco considera el Tribunal que en este caso se produzca una infracción del derecho a la intimidad, ni de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ya que la citada Ley excepciona el consentimiento del titular del dato cuando una Ley autorice la cesión, tal como ocurre en este caso a través de la Ley General Tributaria.

En conclusión, esta interesante Sentencia de la Audiencia Nacional profundiza en el planteamiento ya iniciado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 3 de noviembre de 2011, reforzando las prerrogativas de la Agencia Tributaria a la hora de poder adoptar medidas innovadoras en el ámbito del control tributario, lo que sin duda permitirá a la Inspección de los Tributos disponer de mecanismos más eficientes para obtener un mayor volumen de información en la lucha contra el fraude fiscal.

Lo que sin embargo resulta sorprendente es que habiéndose solicitado los datos de los titulares de las tarjetas de El Corte Inglés que hayan superado durante los años 2006 y 2007 un determinado volumen de compras (30.000 euros) a través del uso de dicha tarjeta, que en cambio no se realice una labor de mayor vigilancia sobre las personas y entidades que realizan sus compras con dinero en efectivo. En cualquier caso, nos parece acertado el uso de medidas innovadoras que permitan vincular la existencia de un determinado poder adquisitivo (volumen de compras) con una eventual ausencia de declaración de rentas por parte de quien efectúa dichas compras. Porque, sin duda, la Agencia Tributaria no sólo tiene una vocación de “comprobación” del correcto cumplimiento de las normas fiscales que conforman nuestro sistema tributario, sino que debería profundizar en su labor de “investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración”, tal como exige el artículo 141 a) de la Ley General Tributaria.

Miguel Rodríguez de Cepeda.

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Acerca de Miguel Rodriguez de Cepeda

Miguel Rodríguez de Cepeda es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad de Sevilla y Master en Asesoría Fiscal por el Instituto de Estudios Cajasol. Asesor Fiscal – Asociado Senior de LANDWELL-PricewaterhouseCoopers, Abogados y Asesores Fiscales, en la oficina de Sevilla.
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