La interminable historia de los gastos financieros


El Gobierno se rectifica a sí mismo y, mediante el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, incluye en el ámbito del límite a la deducción de los gastos financieros del artículo 20 del TRLIS a la totalidad de las entidades, formen o no parte de un grupo mercantil del artículo 42 del Código de Comercio. Con ello rompe totalmente los ya muy débiles lazos del régimen de la subcapitalización con las operaciones vinculadas. También quiebra una característica de semejanza con la legislación alemana, ya que la misma cuenta con una norma similar a la, ahora desaparecida, letra a) del apartado 5 del artículo 20 del TRLIS según redacción del Real Decreto-Ley 12/2º12.

Sin duda, el Gobierno ha apreciado que la exclusión del límite de las entidades que no pertenecían a un grupo mercantil provocaba discriminación en contra de las entidades que sí lo hacían. Y así era, de manera tal que la discriminación se ha salvado.

Había otra forma de salvar la discriminación, a saber, la admisión de la deducción de los gastos financieros netos que derivaban de un endeudamiento semejante al del grupo mercantil. Esta cláusula de escape, insita en la legislación alemana, asegura que los gastos financieros pagados a terceros sean deducibles, y, por tanto, determina igualdad de trato entre las entidades individuales y las integradas en un grupo fiscal.

Apláudase el fin de la discriminación, y continúese lamentando la tributación sobre rentas superiores a las habidas, en términos contables (resultado contable) y económicos (diferencia patrimonial).

La Resolución de 16 de julio de 2012, de la Dirección general de Tributos, ha interpretado, entre otros aspectos, que el importe máximo de 1 millón de euros a que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 20 del TRLIS debe calcularse a nivel del grupo de consolidación fiscal.

La Resolución ha despejado una duda bastante extendida, mediante un criterio interpretativo que no estará exento de polémica. En efecto, es posible intuir que puede dar pie a un argumento de discriminación contra las entidades que se integran en un grupo fiscal, por más que si se hubiera referido la franquicia a todas y cada una de las entidades del grupo fiscal, podría suscitarse el reproche de discriminación opuesto.

En cualquier caso, parece claro que la franquicia, tal y como está construida e interpretada administrativamente, estimula la fragmentación de la titularidad de las actividades empresariales entre varias entidades y, también, a no optar por el régimen de consolidación fiscal, resultados ambos que, con toda seguridad, estaban muy lejos de la intención del Gobierno.

La franquicia debería servir exclusivamente para excluir del límite del artículo 20 del TRLIS al gran contingente de las entidades de reducida dimensión, pero, desgraciadamente, puede alimentar un debate de discriminación y provocar efectos claramente contrarios al objetivo de neutralidad del Impuesto sobre Sociedades.

¿Cuál es la causa de la distorsión? La causa epidérmica está en la configuración de la franquicia y en la interpretación de la misma respecto de los grupos fiscales contenida en la Resolución, pero la causa medular está en que el límite puede llegar a impedir la deducción de gastos financieros pagados a terceros. Si la deducción de los gastos pagados a terceros estuviera garantizada, el límite no provocaría distorsión alguna. Ahora bien, éste es, justamente, el papel que cumple la cláusula de escape alemana, a cuyo tenor son deducibles en toda entidad los gastos financieros que provengan de un endeudamiento similar al del grupo mercantil al que pertenecen, aun cuando rebasen el límite construido, como el del artículo 20 del TRLIS, a modo de porcentaje (también el 30%) sobre una magnitud cercana al beneficio operativo.

En el contexto de un límite respetuoso con la deducción de los gastos financieros pagados a terceros, las inevitables distorsiones de una franquicia concebida para absolver de los rigores de la aplicación del límite a las empresas medianas y pequeñas apenas tienen relevancia porque lo esencial en el marco de un Impuesto sobre Sociedades tradicional, esto es, que se deduzcan los gastos pagados a terceros, no está en tela de juicio.

Cuestión distinta, que rebasa los linderos del presente comentario, es si el modelo tradicional de imposición sobre los beneficios ha de ser reconsiderado.

Eduardo Sanz Gadea.

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Acerca de Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.
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