¿Hacia una nueva regulación de los incentivos fiscales al mecenazgo?


La situación económica actual y los recortes en ayudas públicas experimentados por las fundaciones y asociaciones de utilidad pública, hacen pensar que es necesaria una reacción de la sociedad civil a la cual se le pide un mayor protagonismo en la consecución de fines de interés general.

Es complicado que la sociedad civil un tanto adormecida por el Estado del bienestar reaccione sin que se den las circunstancias propicias: un sistema de incentivos al mecenazgo realmente incentivador y la toma de conciencia de su protagonismo en la vida económica, social y cultural de nuestro país.

El pasado 5 de enero, se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, la Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo presentada por el grupo Parlamentario Catalán, Convergencia y Unión.

El contenido de la Proposición es interesante y desde luego, merece ser estudiado. Hay propuestas que afectan a los incentivos fiscales de los donantes en su tributación personal, otras a los sujetos que pueden disfrutar del régimen especial como entidades sin fines lucrativos, otras a los beneficios fiscales de estas entidades y finalmente al procedimiento de reconocimiento de las asociaciones de utilidad pública.

Entre otras propuestas encontramos las siguientes: Incremento de los porcentajes actualmente previstos para los donantes personas físicas, y para los donantes personas jurídicas, tratándose de aproximar en esta materia la regulación del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes e inspirándose en la regulación de otros países europeos; ampliación de las donaciones deducibles incorporando, entre éstas, las donaciones de servicios y una deducción en el IRPF del 100% para los primeros 150€ donados.

Se pretende facilitar la utilización de nuevas modalidades de financiación pública y privada destinadas a entidades de interés público, en el ámbito de la cultura, la investigación, el social y el educativo a través de una nueva figura “fondos patrimoniales indisponibles”.

Otro aspecto interesante es la propuesta de ampliación del concepto de entidades beneficiarias del mecenazgo, entre las que se incluyen las universidades privadas, las residencias universitarias, centros y estructuras de investigación de las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en investigación, instituciones declaradas como instituciones de investigación de excelencia, centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica.

También propone una modificación en el procedimiento de reconocimiento de las asociaciones utilidad pública, de manera que el informe del Ministerio de Hacienda deja de ser determinante. Propone que el Ministerio del Interior u órgano competente autonómico, previo informe preceptivo del Ministerio de Hacienda, reconozca a las asociaciones el cumplimiento de los fines de interés general.

Sin lugar a dudas, nos encontramos con un tema que será objeto de análisis y debate en los próximos meses. Parece que, algunos grupos parlamentarios ven la necesidad de intensificar los incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que se ha abierto el camino del debate y probablemente, del cambio.  Sin embargo, el camino que nos lleva a que la sociedad civil asuma su papel protagonista en ámbitos como el cultural,  medioambiental y el de la investigación e innovación, quizás requiera de más tiempo y del inicio de otros debates.

Marta Montero Simó.

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Acerca de Marta Montero Simó

Doctora en Derecho por la Universidad Comillas, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa. Visiting Scholar en el European Law Research Center, Harvard Law School. Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario y Directora del Departamento de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía. Directora adjunta del Master Executive sobre Fiscalidad Internacional del Centro de Estudios Garrigues, en Madrid.
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