Última doctrina jurisprudencial sobre el carácter sancionable del incumplimiento de plazos en el suministro de información tributaria


Acaba de publicarse una interesante Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 10 de noviembre de 2011 (JAN 0423-11), en la que se analizan las consecuencias derivadas en el ámbito sancionador del incumplimiento de los plazos establecidos para el suministro de información tributaria requerida a un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.

En relación con esta materia hay que reconocer que las personas que nos dedicamos al asesoramiento fiscal somos, en términos generales, muy conscientes de que los plazos estipulados en las normas están para ser cumplidos y que el incumplimiento de los mismos puede acarrear la imposición de sanciones tributarias, sencillamente porque así viene establecido en nuestras Leyes y Reglamentos.

Sin embargo, también hay que reconocer que en ocasiones las eventuales posibilidades de ampliación de dichos plazos que estipulan estas normas no resultan suficientes para poder recabar a tiempo toda la documentación o información que nos ha sido solicitada.

Es en estos casos cuando habitualmente se acude al indebido “recurso” de presentar de forma extemporánea la documentación que nos ha sido requerida, esperando la comprensión de quienes nos han solicitado dicha información y, por qué no decirlo, confiando en que ese pequeño retraso (que en ocasiones se dilata de forma peligrosa) pase desapercibido en el maremágnum de documentación que suele generar cualquier expediente administrativo.

Pero no se confíen demasiado porque a veces sucede que este tipo de incumplimientos de plazos termina muy mal para el contribuyente. Y este es el caso que se suscita en esta Sentencia de la Audiencia Nacional, en la que se confirma una sanción de más de 50.000 euros (que no está nada mal) por el hecho de no haber suministrado en plazo a la Agencia Tributaria diversa información requerida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley General Tributaria.

También es cierto que en este caso concurre un elemento agravante puesto que a la sociedad a la que se le impone la sanción le fueron efectuados hasta tres requerimientos de información antes de que, por fin, decidiera aportar la documentación sobre operaciones comerciales, económicas y financieras que le había sido requerida.

La entidad recurrente fundamentó la impugnación de sanción impuesta en base a lo dispuesto en el artículo. 179.2 de la Ley General Tributaria, al entender que resultaría de aplicación la exención de responsabilidad por existir una interpretación razonable de la norma y porque, al fin y al cabo, la información requerida había sido finalmente aportada.

Después de agotar sin éxito la vía administrativa, en vía contencioso-administrativa la Audiencia Nacional ha confirmado la sanción que le fue impuesta, declarando la Sentencia que “es un hecho inconcuso que la entidad desatendió el requerimiento tres veces consecutivas, dándole cumplimiento casi al año, lo que revela una conducta que es lejana a aquellas en la que debe concurrir la diligencia necesaria en el cumplimiento de los deberes fiscales”.

Y por este motivo, se declara que la sanción impuesta es conforme a Derecho, al estar constatado el incumplimiento del requerimiento efectuado por la Administración tributaria.

Moraleja: Si alguno de ustedes recibe un requerimiento de la Agencia Tributaria en el que le solicitan que aporte una determinada información o documentación no se hagan los remolones porque les puede salir muy caro.

Miguel Rodríguez de Cepeda

 

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Acerca de Miguel Rodriguez de Cepeda

Miguel Rodríguez de Cepeda es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad de Sevilla y Master en Asesoría Fiscal por el Instituto de Estudios Cajasol. Asesor Fiscal – Asociado Senior de LANDWELL-PricewaterhouseCoopers, Abogados y Asesores Fiscales, en la oficina de Sevilla.
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