Vacaciones fiscales vascas


La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-465/09P a C-470P), de 9 de junio de 2011, desestima los recursos de casación interpuestos por las tres Diputaciones Forales contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (T-30/01 a T-32/01 y T-86/02 a T-88/02), de 9 de septiembre de 2009, por la que se desestimaron los recursos de anulación interpuestos por dichas Diputaciones contra las decisiones de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, relativas a regímenes de ayudas de Estado.

Las Normas Forales 18/1993, 5/1993, 11/1993, establecieron la exención, por diez años, a favor de las empresas de nueva creación que cumplieran ciertos requisitos (capital mínimo 20 millones de pesetas, inversiones mínimas 80 millones de pesetas, creación de, al menos, 10 puestos de trabajo).

La Comisión tuvo conocimiento formal de este régimen fiscal mediante una denuncia efectuada en 1994 por la Cámara de Comercio e Industria de la Rioja y la Federación de Empresas de la Rioja, de manera tal que tardó en dictar su decisión casi siete años (2001), y el Tribunal de Primera Instancia sentenció ocho años después (2009). Por tanto, cuando finalizó la primera instancia judicial todo el ciclo de lo que fue considerado como ayuda de Estado ya se había consumado, puesto que el último periodo de exención fue el 2004.

En el recurso de primera instancia las Diputaciones Forales alegaron que el régimen fiscal concernido no podía ser tachado de ayuda de Estado por tener carácter general, de manera tal que no favorecía a determinadas empresas o producciones en el sentido del artículo 87 del TFUE. Sin duda este era el fondo material del asunto. Sin embargo, los recurrentes desistieron de este motivo. ¿Por qué se abandonó esta línea de defensa? ¿Tal vez era contundente la argumentación de la Comisión?.

La Comisión basó su argumentación en el carácter selectivo del régimen fiscal (beneficiaba sólo a las empresas que reunieran los requisitos citados) y en la ausencia de una causa de compatibilidad (apartados 2 y 3 del artículo 87 del TFUE). La Comisión también estimó que el régimen fiscal concernido pudiera  justificarse por la naturaleza o la economía del sistema fiscal español, ya que las autoridades españolas no aportaron ninguna información a este respecto.

Los argumentos de la Comisión eran, ciertamente, importantes. Con todo, hubiera sido interesante conocer el criterio de fondo del Tribunal ya que, inevitablemente, hubiera debido entrar en una cuestión crucial, a saber, la posición de las normas fiscales forales en el contexto del sistema fiscal español. Así, el Tribunal se hubiera visto obligado a decidir si el régimen fiscal concernido pertenecía a un sistema fiscal autónomo o a un subsistema fiscal de un sistema fiscal único, esto es, el sistema fiscal español, lo cual, no se escapará, podría tener efecto en otros ámbitos. Sea como fuere, la batalla judicial en primera instancia no se libró en este campo, y por ende tampoco en casación.

La batalla se planteó en el campo, menos atractivo pero tanto o más eficaz, de la consideración de la ayuda de Estado como existente en vez de nueva, y en el de la concurrencia de la confianza legítima. Una victoria en alguno de ellos hubiera supuesto la ineficacia parcial de las decisiones de la Comisión puesto que solamente hubieran acarreado la obligación de suprimir el régimen fiscal constitutivo de ayuda de Estado a partir de la fecha de las mismas (2001), pero no a devolver las cantidades disfrutadas.

Los recurrentes fundamentaron que la ayuda de Estado debía calificarse como existente , esto es, que en el momento en que se llevó a efecto no constituía una ayuda, y que posteriormente pasó a ser una ayuda debido a la evolución del mercado común (artículo 1 del Reglamento 659/1999), en que la Comisión inicialmente, de manera tácita, había aprobado la ayuda, ya que recibió la primera denuncia sobre la misma en 1994 y sólo abrió el procedimiento de investigación formal en noviembre de 2000, después de recibir una segunda denuncia.

La sentencia del Tribunal de Justicia rechaza este motivo de casación por cuanto no es posible afirmar que las diferentes circunstancias invocadas por las recurrentes en apoyo de sus motivos de casación constituyan la expresión de la decisión de la Comisión…de manera tal que la autorización de los regímenes fiscales controvertidos no puede inferirse del mero silencio de la Comisión …(párrafos 99 a 100).

Tampoco prosperó la alegación de confianza legítima. En efecto, el Tribunal de Justicia recuerda que la inactividad de la Comisión con respecto a una ayuda estatal carece de significación en el caso de que dicha ayuda no le haya sido notificada (párrafo 102).

Ahora toca a las administraciones fiscales forales recuperar las cantidades constitutivas de ayuda de Estado. A nadie se ocultará el cúmulo de dificultades técnicas y políticas que concurren.

Ahora que alguna otra Comunidad Autónoma llama a la puerta del concierto, es interesante poner de relieve ciertos aspectos del contexto político-administrativo de la controversia judicial comentada. Así, la denuncia tiene su origen en el empresariado riojano, singular y negativamente afectado; en la contienda judicial en primera instancia los demandantes son las Diputaciones Forales con el apoyo coadyuvante de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la demandada la Comisión con el apoyo coadyuvante de la Comunidad Autónoma de la Rioja; en la contienda judicial en casación se suma el Reino de España como coadyuvante de las Diputaciones Forales.

Eduardo Sanz Gadea.

 

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Acerca de Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.
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Una respuesta a Vacaciones fiscales vascas

  1. M.J. dijo:

    Estimado Don Eduardo:

    En el árido panorama de la literatura tributaria actual es grato poder encontrar una voz experimentada que, de manera periódica, nos acerca a temas fiscales de verdadera actualidad.

    Un saludo,
    M.J.

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