La imposible (aunque pretendida) aplicación retroactiva de los valores catastrales en el ámbito tributario


Recientemente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJM) ha resuelto a favor de la entidad Hipercor, S.A. un Recurso de Apelación (expediente 1547/2009) planteado contra una Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Madrid.

La cuestión planteada en el citado Recurso de Apelación es de gran interés, ya que se trata de determinar si es posible aplicar de forma retroactiva en el ámbito tributario (en este caso, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana –IIVTNU-) valores catastrales que aún no han sido notificados al contribuyente a la fecha de devengo del impuesto.

Nos encontramos ante un asunto económicamente relevante porque cuando el contribuyente autoliquidó el IIVTNU, como consecuencia de la transmisión en 2004 de un inmueble de su propiedad, utilizó el último valor catastral que le había sido notificado a efectos del IBI (4.151.347,40 euros), cuando el nuevo valor catastral del inmueble -que había sufrido un proceso de alteración catastral-, aprobado pero aún no notificado al contribuyente a la fecha de devengo del IIVTNU, ascendía a 183.475.448,41 euros, siendo éste el valor utilizado por la Administración en fase de comprobación.

Evidentemente, la diferencia en cuota tributaria entre lo autoliquidado inicialmente por el contribuyente y el resultado de la comprobación administrativa era muy importante (casi 1,5 millones de euros), de ahí que el contribuyente defendiera a capa y espada como valor catastral de referencia en el momento en que autoliquidó el impuesto el último valor catastral del que tenía conocimiento formal, que era el que constaba en el último recibo del IBI que había recibido.

En cuanto al análisis jurídico de la cuestión debatida hay que tener en cuenta que el artículo 17 de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, establece que los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en dicha Ley “se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, y tendrán efectividad el día siguiente a aquel en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originaron la incorporación o modificación catastral, con independencia del momento en que se notifiquen“.

Recuerda el TSJM en relación con la aplicación de este precepto que el Tribunal Supremo, en sus Sentencias de 12 de enero de 2008 y 20 de enero de 2004, ya examinó su contenido señalando que el Legislador puede determinar que los efectos de una determinada actuación administrativa se produzcan, con carácter general, desde el mismo momento en que sea dictada (ejecutividad inmediata de los actos administrativos a que se refieren los artículos 56 y 57.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -LRJA-PAC-), pero al destinatario de dicha actuación administrativa no podrá serle de aplicación sino desde su notificación.

Por tanto, como señala el propio Tribunal Supremo, para el administrado constituye una garantía tomar conocimiento del acto administrativo antes de que le sea de aplicación y tener la posibilidad efectiva de su impugnación con anterioridad a que aquél le alcance en su efectividad. No sólo constituye una manifestación de las garantías que para el administrado derivan de la doctrina general de la eficacia de los actos administrativos (artículos 56 y siguientes de la LRJA-PAC) sino que también tiene un fundamento constitucional en el ejercicio efectivo del derecho de defensa de los propios intereses consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución, por cuanto que si el valor catastral constituye el presupuesto sobre el que se va a determinar posteriormente la base imponible del IIVTNU, es evidente que ese valor no puede quedar determinado a espaldas del sujeto pasivo del tributo; al menos, ha de notificársele al mismo para que pueda, como así hizo la sociedad mercantil recurrente, formalizar la oportuna reclamación.

De hecho, según el Tribunal Supremo el artículo 17 de la Ley del Catastro Inmobiliario lo que proclama es la validez del acto administrativo (valor catastral) desde su determinación (“será efectivo”). Dicho lo cual, como cualquier otro acto administrativo, su eficacia frente al destinatario exigirá su previa notificación. Lo que ocurre es que la eficacia que cobre el valor catastral, a partir de su notificación, lo es con el contenido que el acto (valor catastral) tenía en el momento de su aprobación, sin que ello signifique que otorgue eficacia retroactiva al acto que se notifica.

En resumen, atendiendo a las Sentencias del Tribunal Supremo y del TSJM comentadas, cabe concluir que no es posible invocar por parte de la Administración la aplicación retroactiva de los valores catastrales en el ámbito del IIVTNU. Y, lo que es más importante, que esta imposible aplicación retroactiva debe considerarse extensible a todos aquellos impuestos, que no son pocos, en los que el valor catastral de los inmuebles resulta relevante a la hora de determinar la cuota tributaria derivada de hechos imponibles vinculados con la formalización de transmisiones inmobiliarias.

Miguel Rodríguez de Cepeda

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Acerca de Miguel Rodriguez de Cepeda

Miguel Rodríguez de Cepeda es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad de Sevilla y Master en Asesoría Fiscal por el Instituto de Estudios Cajasol. Asesor Fiscal – Asociado Senior de LANDWELL-PricewaterhouseCoopers, Abogados y Asesores Fiscales, en la oficina de Sevilla.
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