El TJ de la UE declara contraria al Tratado CE la normativa española de retenciones sobre dividendos satisfechos a Sociedades residentes en otros Estados miembros


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado, mediante su Sentencia de 3 de junio de 2010, asunto C-487/08, que España ha contravenido la libre circulación de capitales, garantizada por el artículo 56 del Tratado CE al exigir a las sociedades residentes en otros Estados miembros una participación mínima superior a la exigida para las sociedades residentes en España a los efectos de considerar exentos de tributación por obligación real los dividendos distribuidos por sociedades residentes en España.

1. Marco normativo

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, los dividendos distribuidos por una sociedad a otra entidad con una participación mínima en aquélla del 5% podrán beneficiarse de la deducción por doble imposición plena, siempre que dicho porcentaje mínimo de participación se hubiere tenido de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya. A su vez, siempre que se cumplan los requisitos de participación y período de tenencia mínimos, la entidad pagadora no deberá practicar retención sobre los dividendos satisfechos.

En lo que respecta a los beneficios distribuidos por una sociedad residente en territorio español a sus socios residentes en otros Estados miembros estarán exentos de tributación por obligación real cuando los perceptores de los dividendos tengan la condición de sociedad matriz, respecto de la entidad que distribuye el dividendo y se cumplan los demás requisitos establecidos en la letra h del apartado 1 del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. A estos efectos, tendrá la consideración de sociedad matriz aquella entidad que posea en el capital de otra sociedad una participación directa de, al menos, el 20 %. Dicho porcentaje será el 15 % a partir del 1 de enero de 2007 y el 10 % a partir del 1 de enero de 2009.

2. Incumplimiento de la normativa comunitaria

De acuerdo con el Tribunal de Justicia, la legislación española controvertida establece una diferencia de trato entre las sociedades beneficiarias residentes en España y las residentes en otros Estados miembros que poseen entre el 5% y el 20% del capital de la sociedad que distribuye los dividendos, por cuanto de conformidad con la misma sólo están exentos de tributación los dividendos distribuidos a sociedades residentes en España. Tal diferencia de trato puede disuadir a las sociedades establecidas en otros Estados miembros de realizar inversiones en España y constituye, pues, una restricción a la libre circulación de capitales.

En este sentido, debe examinarse si tal restricción puede estar justificada a la luz de las previsiones del Tratado.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 58 CE y a reiterada jurisprudencia del Tribunal, para que una legislación como la controvertida pueda considerarse compatible con la libre circulación de capitales es necesario que la diferencia de trato resultante afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables o que esté justificada por razones imperiosas de interés general. Por tanto, debe analizarse si las sociedades residentes en España que perciben dividendos y las que se encuentran en otros Estados miembros se encuentran en situaciones comparables.

De acuerdo con reiterada jurisprudencia del TJUE (entre otras, las sentencias del Tribunal Test Claimants, Denkavit y Amurta), a partir del momento en que un Estado miembro ejerce su potestad tributaria sobre los accionistas perceptores de dividendos, ya sea de forma unilateral o por vía de convenios, la situación de los mencionados accionistas se asemeja a la de los accionistas no residentes. Al tratarse de situaciones comparables, las beneficiarias no residentes no pueden ser tratadas de forma peor que las residentes.

Si bien el TJUE ha declarado que no puede descartarse que un Estado miembro consiga garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Tratado a través de convenios para evitar la doble imposición suscritos con los demás Estados, la mayoría de convenios suscritos por España no garantizan la deducción en el Estado de residencia de la totalidad de la retención practicada en España. Por otra parte, España no ha suscrito ningún convenio para evitar la doble imposición con Chipre. Si bien la legislación interna de este Estado prevé la exención general de los dividendos procedentes de otros Estados miembros, un Estado miembro no puede alegar la existencia de una ventaja unilateral concedida por otro Estado miembro para incumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado. Además, un régimen de exención no neutraliza la doble imposición.

En consecuencia, el Tribunal considera que España ha incumplido la libre circulación de capitales prevista en el artículo 56 CE, apartado 1, al supeditar la exención de los dividendos que distribuyen las entidades residentes en España al requisito de que las sociedades beneficiarias tengan en el capital de las sociedades distribuidoras de dividendos una participación mínima más elevada en el caso de las beneficiarias residentes en otros Estado miembro que en el caso de los accionistas residentes en España.

Miguel Rodríguez de Cepeda.

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Acerca de Miguel Rodriguez de Cepeda

Miguel Rodríguez de Cepeda es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad de Sevilla y Master en Asesoría Fiscal por el Instituto de Estudios Cajasol. Asesor Fiscal – Asociado Senior de LANDWELL-PricewaterhouseCoopers, Abogados y Asesores Fiscales, en la oficina de Sevilla.
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